Arena y cascajo: entre los políticos y extracción ilegal

Pacora y el distrito de Antón son dos sitios distantes que hoy los une una decisión gubernamental.

El Ministerio de Comercio e Industrias levantó la restricción de reserva que existía sobre 2 mil 30 hectáreas donde no se podía desarrollar la minería no metálica.

La categoría de reserva por lo menos ponía un freno a la extracción descontrolada de arena y cascajo en estos puntos, pero ahora se proyecta que los impactos ambientales serán mayores y con repercusiones en una de las principales zonas turísticas del país.

El río Pacora ya tiene severas afectaciones por la actividad: fuerte erosión de sus riberas y un reducido curso de agua.

Incluso, la potabilizadora construida hace siete años con una inversión de 20 millones de dólares tendrá que mudar su toma de agua por segunda vez.

El cascajo (arena y piedra) de lo que antes era uno de los ríos más caudalosos del país está en manos de un grupo de empresarios y políticos que parecen no medir las consecuencias ambientales.

Todo bajo los ojos de la población de Pacora que en su mayoría deja desarrollar la actividad a cambio de algunos acarreos gratis de cascajo.

En total, el MICI mantiene otorgadas siete concesiones para extracción de minerales no metálicos en Pacora, que afectan unas 2 mil 505 hectáreas, e incluyó la semana pasada otras 499 hectáreas para nuevos contratos.

Una de estas concesiones la opera la propia Junta Comunal de Pacora a cargo de Hugo Henríquez, la otra está vinculada al diputado oficialista José Muñoz -según los grupos ambientalistas del lugar- y quizás la de mayor impacto la posee el grupo que lideran los hermanos Shahani.

Los explotadores han trasladado a la orilla del río sus propias plantas de molienda de cascajo, debido a que los volúmenes de extracción son altos.

Del lugar salen cientos de camiones día y noche, cada carga cotizada arriba de los 270 dólares en el mercado.

La facturación real del negocio es incalculable, porque ni la Dirección de Recursos Minerales del MICI ni el Municipio de Pacora tienen un puesto de control para contabilizar cada camión que sale cargado con cascajo del río.

Rosa Jiménez, dirigente ambientalista de Pacora, sostiene que los políticos han vendido la falsa idea de que la extracción de cascajo del río es necesaria para conseguir los fondos para los proyectos en la comunidad.

"Es así como han engañado a la gente", manifestó la dirigente.

También denunció que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) ha evitado intervenir en este problema por tratarse de personas con muchas influencias.

"La ANAM mira, pero no ve", comentó Jiménez.

Hoy día la erosión del río Pacora, producto de la extracción descontrolada de cascajo, ha borrado caminos de producción en las temporadas de lluvias, mientras que para el verano los caudales quedan casi secos, afectando a la agricultura y el mismo suministro de agua potable.

La dirigente sostiene que la devastación del río Pacora no es solo un problema de los habitantes de esta comunidad, sino de toda la provincia.

"Con la crisis del agua en la ciudad capital, este río sirvió como fuente de abastecimiento.

Pero de mantenerse la tendencia, pronto eso ya no será posible.

El agua es fuente de vida, no podemos vivir de cascajo", resaltó Jiménez.

La devastación del río Pacora se inició hace 25 años, y una de las empresas pioneras es el grupo Shahani, que tiene su centro de extracción a un lado del puente de Pacora y a mil metros abajo de la actual toma de agua de la potabilizadora que le da agua a todo el sector.

DEL OTRO LADO.

En Antón el problema es menos visible, pero está latente, ya que unos años atrás se redujo la actividad para darle paso al turismo y desarrollo de grandes “resorts”.

Hasta ahora la extracción ilegal ha estado controlando el negocio, junto a pocas concesiones estatales.

Solo tres concesiones oficiales hay asignadas a la extracción de minerales no metálicos en 51 mil 125 hectáreas de tierras de este distrito.

El alcalde de Antón, Jorge Cáceres, aceptó que existen camiones “piratas” que extraen arena de las playas sin control alguno.

"No he podido acabar con este problema, tampoco tenemos una coordinación 100% con la Policía", indicó.

Cáceres también dijo desconocer el decreto en el que el MICI levantó la restricción de reserva para mil 530 hectáreas en el distrito de Antón, que ahora pueden ser entregadas en concesión de minería no metálica.

Manifestó que no está de acuerdo con entregar más permisos para la extracción de arena continental, ya que el distrito mantiene un fuerte auge de inversiones turísticas y ambas actividades no son complementarias.

Incluso, expresó que no está de acuerdo con darle una prórroga a la empresa Concesionaria Marta Marín, porque los camiones que salen del sitio han deteriorado las calles recién reparadas.

Aunque el decreto en el que el MICI incorpora a la minería nuevas áreas en Pacora y Antón es de reciente data, la Dirección de Recursos Minerales de esta misma institución ya tiene en trámite 17 solicitudes para extracción de recursos no metálicos en ambos sitios.