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Condenan al Estado panameño por la muerte de dos niños en San Carlos
El director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, deberá pedir disculpas públicas a los seres queridos de ambos infantes.
José Chacón - Actualizado:
Los hechos ocurrieron en 2013, en San Carlos, en un retén policial / Archivo.
Una suma de 400 mil dólares tendrá que pagar el Estado panameño a los familiares de los dos menores de edad, de nacionalidad india, que fallecieron tras recibir varios impactos de bala el 23 de octubre de 2013 en San Carlos. Según un fallo de la Sala Tercera Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a cargo de los magistrados Abel Zamorano y Cecilio Cedalise, el Estado fue condenado a pagar 200 mil dólares por cada víctima. Además de la indemnización, el director de la Policía Nacional (PN) Omar Pinzón, deberá ofrecer disculpas públicas a la comunidad india en Panamá y a los seres queridos de ambos infantes. El documento del supremo, advierte que los agentes a cargo de un retén, en la entrada de San Carlos, violaron el protocolo el día de los hechos. En sus investigaciones, el Ministerio Público (MP) determinó que la muerte de los dos niños, fue provocada por disparos del arma de fuego de un teniente de nombre Alexander Rosales. También se desprende que ese día habían otros policías junto con Rosales. De igual manera, el fallo de la Corte, sentenció que la Policía actuó de forma negligente y que la acción contrasta con su lema de 'Proteger y Servir' y con su obligación constitucional de garantizar la paz y la seguridad ciudadana. Se conoció que la demanda contra el Estado, solicitaba en primera instancia, que se indemnizara a los familiares de las víctimas, con cinco millones de dólares, pero los magistrados ponentes, consideraron que se trataba de una suma muy alta. Los togados, también consideraron, que la PN debe insistir en programas de respeto a los derechos humanos e incluir a todos sus miembros, y que se haga énfasis en el reglamento de uso de armas. La Ley Orgánica de la Policía Nacional destaca que el uso de la fuerza letal se debe aplicar cuando esta sea necesaria o cuando su vida o la de terceros esté en peligro. En tanto que el teniente Rosales fue condenado en enero de este año a 30 años de prisión por la muerte de ambos niños, uno de 2 y otro de 15 años.