Destapan presunto caso de corrupción en Consulado

Virginia Weeden de Acosta, ex cónsul de Panamá en Jakarta, Indonesia, deberá responder ante el Ministerio Público y la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) por un presunto perjuicio económico de B/.

390,388.

10 que ocasionó al Estado cuando ocupó este cargo entre 1999 a 2004.

De acuerdo con una auditoría de la Contraloría, Weeden de Acosta tomó posesión del cargo el 13 de septiembre de 1999; sin embargo, se incorporó físicamente al Consulado a partir del 23 de marzo de 2000 y cobró todos los emolumentos y beneficios sin haber laborado, lo que ascendió a B/.

73,869.

55.

Otra de las supuestas irregularidades que menciona la auditoría consiste en gastos excesivos por el reporte incorrecto de la tasa de cambio monetaria por B/.

147,263.

06 y reportes de pagos por B/.

113,425.

46 en salarios a personas que no laboraron en el Consulado.

Esta norma establece que los empleados de las oficinas consulares, como parte de la remuneración, tendrán derecho a un porcentaje de lo que recauden mensualmente en "arancel consular".

Es decir, el Cónsul tendrá derecho a una participación no mayor del 70% de las sumas que le corresponden al Consulado y el 30% restante debe ser distribuido al personal del Consulado.

Según la auditoría, "los pagos que se hicieron no fueron comprobados".

Weeden de Acosta acusó a Lily Yuniarly de ser responsable de los hechos, alegando que ésta administró y dirigió el Consulado en su ausencia.

Sin embargo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores no reposa ningún documento que sustente que Yuniarly quedó encargada del Consulado.

Aún así, Weeden de Acosta alegó que impartió instrucciones por teléfono a sus subalternos, quienes rendían informes detallados de lo que sucedía en el Consulado.