El poder del Ejecutivo degrada la Asamblea

La intromisión del Ejecutivo en la Asamblea Nacional para la elección del presidente de este órgano del Estado fue confirmada ayer por diputados y funcionarios del Gobierno, lo que ha provocado la apertura de una investigación disciplinaria contra 16 diputados de Cambio Democrático (CD).

Ello, luego de que el presidente Juan Carlos Varela expusiera en su discurso por los dos primeros años de gestión, el 1 de julio pasado, que ha encontrado consenso en el Órgano Legislativo, y donde sectores que lo adversan atribuyen su afirmación a las presiones que ejerce sobre los diputados.

Esto al conocerse que unos 30 diputados disidentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y de Cambio Democrático (CD) favorecieran la propuesta del Partido Panameñista, para elegir al presidente de la Asamblea Nacional, a cambio de partidas presupuestarias para sus circuitos y no ser procesados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En este sentido, el exvicepresidente de Panamá, Arturo Vallarino, señaló en el programa Radar de TVN que "no hay independencia en la Asamblea ni en el Órgano Judicial porque -sus actores- están pendientes de las partidas".

"Yo creo que va a quedar esa sensación de que lo que se logró fue por la interferencia directa o indirecta del Ejecutivo", destacó el exvicepresidente al sostener que el Ministerio de Economía y Finanzas está soltando las partidas.

Incluso el exdirector de la Policía Nacional Rolando Mirones dijo que el problema parte por el sustento constitucional y que es el presidente de la República quien decide cuánto le corresponde a cada diputado en partidas circuitales.

"La Asamblea no puede ni siquiera modificar su presupuesto", indicó.

Y es que esta afirmación fue revelada por el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, quien reconoció en el mismo programa que "la Asamblea es un reflejo de lo que están atravesando los propios partidos políticos" y la fiscalización que reciben los contratos que emprende el Gobierno por figuras como el contralor general de la República, Federico Humbert.

Con relación a esto, el internacionalista Jorge Ritter explicó que la elección de figuras como Federico Humbert en la Contraloría y Alfredo Castillero Hoyos en la Defensoría del Pueblo fue la expresión más acabada de que eran las personas escogidas por el presidente de la República.

"Allí es donde entra la contradicción de lo que habla el presidente. Ese divorcio entre lo que las personas ven y perciben, y cuando se sabe que no es así", apuntó.

Entretanto, la diputada independiente Ana Matilde Gómez, sostuvo en Debate Abierto Dominical que transmite RPC TV, que los diputados se sienten sometidos y presionados al momento de tomar sus decisiones.

"Los diputados no son tan libres como ellos quisieran. Ellos le comentan a uno que no pueden decidir; a mi edad, yo no puedo someterme de esa manera. No necesito que me convenzan para votar por una ley", denunció la parlamentaria.

"Esto nos reduce, nos degrada, porque no queremos tener conflictos con el poder, y la Asamblea no puede evadir el conflicto político y no puede seguir temiendo. Mientras la chequera siga en el Ejecutivo y la Asamblea dependa de eso, vamos a estar sometidos", reiteró.

A pesar de esto, el diputado panameñista y hermano del presidente, José Luis "Popi" Varela, negó que la decisión de los diputados disidentes fuera por ofrecimientos o partidas del Ejecutivo.

Revocatoria

Y es que a pesar de las excusas del Gobierno sobre cómo ha manejado al Órgano Legislativo, esta intromisión del presidente ha generado un proceso disciplinario en el partido Cambio Democrático (CD) para revocar el mandato de los diputados que no respaldaron la decisión de llevar un candidato a la presidencia de la Asamblea.

La Fiscalía General de CD abrió una investigación disciplinaria a 16 miembros de sus filas en la Asamblea por supuesta violación a los estatutos del partido.

Ordenó a través la Resolución 01 del 1 de julio de 2016 firmada por el fiscal de CD, Tomás Martinelli, suspender los derechos de los diputados mientras dure el proceso disciplinario y otorga un periodo de diez días hábiles desde la publicación de la resolución para que los diputados investigados hagan sus descargos en la sede del partido.