Negligencia por parte de fiscal Zuleyka Moore
El abogado Samuel Quintero Martínez, representante legal de los familiares de jóvenes asesinados en La Chorrera, denunció a la fiscal Zuleyka Moore por pérdida de evidencias y documentos del caso.
La fiscal Zuleyka Moore fue la que ordenó la detención contra José Raúl Mulino. Archivo
Una denuncia penal interpuesta en el Ministerio Público (MP) contra Zuleyka Moore, a cargo de la Fiscalía Tercera Anticorrupción, pone en duda su capacidad para ejercer dicho puesto.
El abogado Samuel Quintero Martínez, proponente de la denuncia y representante legal de los familiares de los jóvenes asesinados en La Chorrera, denunció la pérdida de evidencias (esposas que utilizaron los secuestradores) y documentos del caso.
Además, el jurista explicó que se presentó una denuncia criminal contra la magistrada Georgina Tuñón, quien perdió otra vez la pieza procesal sobre el cuadernillo donde consta la recusación contra la Moore, quien estaba a cargo en ese momento del proceso.
En el escrito, Quintero alegó que el artículo 2523 es claro en indicar que "el juez que conozca de un expediente que se haya extraviado practicará las diligencias necesarias para descubrir su paradero; si después de ocho días no apareciera, dictará una resolución ordenando reponerlo desde su principio y dará cuenta del caso al respectivo funcionario de instrucción para lo de su cargo. También le remitirá todos los datos convenientes para que proceda a investigar la pérdida del proceso y descubrir a los responsables de ese hecho".
Por estas negligencias de las funcionarias, el artículo 2525 señala que "los responsables de la pérdida de un proceso cualquiera sufrirán las sanciones establecidas en el Código Penal".
En tanto, el artículo 363 dice que "quien sustraiga, suprima, destruya o altere algún instrumento, acta o documento que pertenezca o repose bajo custodia de una oficina pública será sancionado con prisión de seis meses a dos años o su equivalente en días-multas o arresto de fines de semana".
En tanto, establece este mismo artículo que en tal caso de que el autor fuera el mismo servidor público que por razón de sus funciones tenía la custodia de los instrumentos, las actas o los documentos, la sanción será de dos a cuatro años de prisión.
Por este caso, Alcibiades Méndez, Gilberto Ventura Ceballos o Fermín Antonio Taveras, Félix Rosario Brujan, Keyla Bendibu, Mario Luis Vega, Kenny Bendibu y Roberto Mariscal están vinculados por el delito de secuestro y homicidio cometidos en perjuicio de Samy Zeng Chen, Georgina del Carmen Lee Chen, Joel Liu Wong, Yessenia Argelis Loo Kam y Young Jian Wu Chan.