Solicitan revisar estado de detenidos
En la Corte reposan 13 amparos de garantías por actuaciones de Jerónimo Mejía contra Martinelli.
Un nuevo esfuerzo realizará el equipo legal de Ricardo Martinelli para exponer ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en esta ocasión, las graves violaciones al debido proceso que enfrentan, en estos momentos, otros detenidos considerados como políticos.
En este sentido, el vocero del exgobernante, Luis Eduardo Camacho Castro, informó que han solicitado una nueva reunión con el representante del comisionado en Panamá, Ricardo Bustamante.
"Nos preocupan, particularmente, las condiciones carcelarias de estos ciudadanos panameños, que se encuentran secuestrados por disposición de mezquinos intereses políticos y económicos", plantea una nota firmada por Camacho.
En el encuentro solicitado al representante del comisionado de los derechos humanos se le dará a conocer un listado de detenidos políticos, cuyos derechos están gravemente afectados por la manipulación política de la justicia, enfatizaron.
Recientemente, Bustamante denunció ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada por la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, las graves violaciones a los derechos del expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra detenido en El Renacer, desde que llegó de Estados Unidos, en junio de 2018.
Desde entonces, se ha denunciado las precarias condiciones en que se encuentra dentro de este recinto carcelario en el que se le mantiene aislado del resto de los detenidos, así como no se le permiten actividades recreativas.
También son conocidas, las vacilantes reacciones de las autoridades ante quebrantos de salud de Martinelli, que confronta problemas cardíacos y de hipertensión, y hasta abusos, como el del pasado 21 de diciembre, cuando fue sacado a la fuerza del Hospital Nacional, a donde ingresó para realizarse unas pruebas médicas.
Roniel Ortiz, uno de los abogados de Martinelli, informó que pedirán el aplazamiento del juicio oral, fijado para el 12 de marzo.
Ortiz explicó que se fundamentarán en que todavía están por resolver en la Corte Suprema de Justicia, 13 amparos de garantías que guardan relación con pruebas que le fueron negadas a la defensa por el juez de garantías Jerónimo Mejía.
"El que se celebre el juicio oral sin que el Pleno se haya pronunciado, nos pondría en situación de desventaja", sostuvo.