El Gobierno argentino investigará los delitos económicos cometidos durante la dictadura

El Gobierno argentino autorizó hoy la creación de una unidad especial para investigar los delitos de lesa humanidad de carácter económico perpetrados durante la última dictadura militar (1976-1983).

El ministro argentino de Justicia, Julio Alak, dispuso la creación de este organismo para investigar, principalmente, la apropiación de empresas y bienes de las personas detenidas o desaparecidas durante el Gobierno de facto, informó el Ejecutivo en su portal de internet.

La resolución que autoriza la puesta en funcionamiento de este organismo considera que "además de los objetivos macroeconómicos de la dictadura", también hubo en el país "una política de enriquecimiento individual por parte de funcionarios de la dictadura o de grupos económicos afines".

Cita algunas de las "aberraciones cometidas", como "la apropiación de los bienes de las personas detenidas, asesinadas, desaparecidas, exiliadas o presas y la apropiación de empresas, vía el desapoderamiento del capital accionario de sus titulares a punta de pistola", así como "el saqueo de campos y propiedades con similar metodología".

Entre los delitos económicos cometidos durante la dictadura se mencionan también los "secuestros extorsivos a empresarios, las quiebras de entidades financieras, la creación de monopolios como el del papel para diarios a fin de favorecer a determinados grupos periodísticos a cambio de silencio".

A juicio del Gobierno, "en muchos de los casos intervinieron, junto a los jefes militares que están siendo sometidos a procesos judiciales, civiles que hasta ahora no han sido objeto de imputación por la responsabilidad penal que les cabe", según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado.

"Por ello, ese necesario arbitrar los medios para conformar una unidad especial que recopile informaciones y coordine su accionar" con los organismos del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal y las entidades competentes para lograr "el total esclarecimiento de los hechos criminales" y juzgar a los responsables de estos delitos.

La unidad especial tendrá entre sus objetivos recabar toda información que permita obtener pruebas y testimonios de las víctimas de estos delitos, para lo que podrá solicitar, "por la vía que corresponda, colaboración, documentación o informes a instituciones o reparticiones provinciales, como así también a órganos de seguridad e inteligencia extranjeros".

Este año, el Gobierno presentó una querella por la supuesta apropiación ilegal durante la dictadura de Papel Prensa, la única fabricante de papel para periódicos de Argentina, por parte de los principales diarios del país, Clarín y La Nación, con los que el Ejecutivo está fuertemente enfrentado.