El ministro de Comercio e Industrias, Alejandro Ferrer, indicó que la próxima semana redactarán los términos legales de las negociaciones con PPC donde la compañía aceptó en su totalidad la oferta del Estado, que entre otros aspectos establece el pag

Igualmente, el proyecto que regulará al sector portuario, será enviado a la Asamblea para que sea discutido y aprobado.

Para muchos con su posición radical, el Gobierno corrió riesgos que al final le hubieran costado millones de dólares al pueblo panameño.

Efectivamente, Ferrer comentó que la empresa había anunciado sobre la posibilidad de pedir un arbitraje contra el Estado donde solicitarían B/.

900 millones en concepto de pérdidas por la demora en la entrega de las tierras obtenidas en la concesión en 1997.

"Nosotros confiábamos en nuestra oferta, porque fue analizada por meses y consideramos que garantizaba los intereses del Estado y a la vez no afectaba la competitividad de la empresa", agregó.

De haberse ido a un arbitraje y si el mismo hubiera sido ganado por la empresa, PPC continuaría pagando B/.

6 por contenedor, y el Estado tendría que desembolsar B/.

900 millones.

Pero para Ferrer estos fueron riesgos que se corren cuando se negocia a este nivel y agregó que la oferta final de gobierno buscaba evitar ese proceso, tal como sucedió.

Alejandro Kouruklis, gerente de PPC, dijo a Panamá América que quizás hubieran ganado el arbitraje, pero indicó que la visión mundial de la casa matriz se enfoca en no crear conflictos legales en los países donde tiene operaciones.