Si lo hicimos con la ampliación, por qué no con la Caja de Seguro Social

Si tuvimos la visión y convicción como país de que podíamos llevar adelante una ingente obra como la ampliación del Canal de Panamá, ¿por qué no podemos hacer un giro de timón y salvar nuestra Caja de Seguro Social (CSS)?

¿Dónde ha quedado nuestra estima nacional?

Se hace necesario cambiar radicalmente la forma de operar de la CSS para crear una institución con una operatividad eficiente, eficaz, libre de los avatares de la política y de funcionarios sin vocación de servicio, que tenga las mejores prácticas que permitan una efectiva medicina pública y una administración que aliviane y agilice significativamente los procesos actuales.

Medicina y Administración son dos áreas claramente separadas, que deben actuar acorde con las realidades y requerimientos de sus asegurados, y que deben tener procesos modernos para la administración y la atención médica de sus asegurados, en la que la tecnología de hoy y futura tenga un papel preponderante y activo.

La Caja de Seguro Social fue fundada por medio de la Ley 23 del 21 de marzo de 1941. Dicha Ley empezó a regir a partir del 31 de marzo de ese mismo año.

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Si vamos a la página de internet de la CSS encontramos esta, no lo dudo, bien intencionada declaración: “...la Caja de Seguro Social de Panamá ha logrado establecer una tradición de servicio caracterizada por la búsqueda constante de la justicia social, enmarcada en los principios fundamentales de universalidad, integridad, solidaridad, equidad y participación: fundamentos, estos, que han caracterizado los regímenes de seguridad social más desarrollados de la época actual.”

Palabras rimbombantes para una mediocridad disfrazada y apartada de la realidad.

La opinión de los asegurados que oímos a diario echa por tierra esta declaración.

Hace 77 años que esta institución inició funciones, pero a pesar, digamos, de la buena voluntad de los Directores Generales que han desfilado por ella, la situación de los asegurados no mejora.

La creciente burocracia estatal la consume y le ata las manos.

Los funcionarios no tienen la calidad humana que se requiere en una institución dedicada al bienestar y salud de los asegurados.

Sus sistemas y procesos, a pesar de ingentes esfuerzos y dineros invertidos, no son cónsonos con la realidad de los tiempos modernos... y aún nos falta un largo camino por recorrer.

Una institución con 31,399 funcionarios (al 30 de junio de 2018) y más de 50 gremios o sindicatos jamás podrá ser eficiente.

Una planilla abultada para satisfacer compromisos y favores políticos.

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Gremios que solo buscan su beneficio propio sin importarle el bien común de la CSS y sus asegurados.

Una mafia para la compra de medicamentos, equipos e insumos enquistada en las entrañas mismas de la institución.

Unas infraestructuras inadecuadas y carentes, en muchos casos, de las necesidades básicas de un hospital o centro de atención médica.

Es decir: "carentes de cariños". Y qué decir del programa de IVM (Invalidez, Vejez y Muerte).

Un programa que está en cuidados intensivos, del que todos los gobiernos así lo reconocen, pero que solo uno tuvo la valentía de modificar la Ley 51 enfrentando la realidad del momento e implementar un paleativo a este programa.

Un programa del que se tiene años sin un Estado financiero que diagnostique el tipo de cirugía reconstructiva o cardiovascular que requiere.

Un programa que va en vías de renombrársele MAPIV (Muerte A Plazos de Inválidos y Viejos).

Los recursos de la Caja de Seguro Social son para satisfacer las necesidades de los asegurados exclusivamente.

Es el Estado quien debe satisfacer con sus recursos las necesidades de salud de la población no asegurada.

Se hace necesario reformas operacionales en la CSS. 

Es mi opinión como asegurado jubilado, y desde ya sé, que mi planteamiento molestará a los gremios, sindicatos, políticos y funcionarios actuales y pasados.

La CSS hay que dividirla en “dos” CSS; cada una con independencia de la otra, compartiendo informaciones y parte de los recursos, bajo un solo Director General fuerte, con independencia de criterio y sin interferencia ni del Presidente ni del ministro de Salud, ni de políticos.

Dos Subdirectores competentes en cada área que deben llevar la carga de los servicios de la institución: Un subdirector responsable de las operaciones de los servicios médicos y otro subdirector, responsable de los servicios de administración.

Dos torres sustentadas en un servicio real, eficiente y efectivo.

Y sobre todo una Junta Directiva que vele por los intereses de los asegurados con total independencia y honestidad, y no sirviendo a los intereses del gobierno de turno. (Primera de dos entregas).

Exalumno del Instituto Nacional.