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Defensoría del Pueblo exige reparaciones para víctimas de protestas en Veraguas del 2022

La resolución de la Defensoría, destaca que la Policía Nacional tenía la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en las protestas.

Redacción/provincias.pa@epasa.com/@panamaamerica - Actualizado:

El 19 de julio de 2022 un grupo de ciudadanos de diversos sectores realizaban protestas en el puente de Santiago de Veraguas,Foto. Archivo

Luego de una investigación exhaustiva, la Defensoría del Pueblo determinó la violación de derechos humanos en contra de cinco personas (3 adultos y 2 menores de edad), por parte de la Policía Nacional, en los hechos que se suscitaron en las protestas del 19 de julio de 2022 en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.

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Para esa fecha diversos sectores realizaban cierres de calles exigiendo respuestas del Gobierno Nacional.

También se había instalado una mesa de diálogo en la provincia de Coclé, con la que algunos sectores no estaban de acuerdo y se solicitaba que el diálogo se trasladara a la provincia de Veraguas.

Sobre los hechos de esa fecha, la resolución de la Defensoría del Pueblo, destaca que la Policía Nacional tenía la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el contexto de la protesta.

Sin embargo, su respuesta inadecuada no solo afectó derechos como la Libertad de Expresión, el Derecho de Reunión y la Libertad de Asociación, sino que también puso en riesgo la vida, la integridad física y la seguridad personal de los manifestantes.

En consecuencia, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), insta al Ministerio de Seguridad Pública a realizar el reembolso de gastos médicos, transporte y medicina, así como de acompañamiento psicológico y médico de las víctimas, cuyos derechos fueron vulnerados.

Además, la Defensoría recomienda a la Policía Nacional, que para restituir los derechos que le fueron vulnerados a los manifestantes, en lo sucesivo sea preservado el derecho a las protestas pacíficas.

Detalla que se debe privilegiar el diálogo y la negociación en la gestión de cualquier modalidad de protesta y tener en cuenta que el uso de la fuerza debe ajustarse a estrictos principio de excepcionalidad, necesidad, progresividad y proporcionalidad.

La entidad deja claro además que en ningún caso se debe hacer uso indiscriminado de la fuerza y mucho menos el uso de armas de fuego con municiones letales en estos operativos.

 

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