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Provincias / Fin de la era Etelvina de Bonagas en la Unachi: se va en medio de procesos legales y un colapso económico

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auditoría / Contraloría General de la República / Etelvina de Bonagas / Lucy Molinar / MEF / Presupuesto / Unachi / Universidad

Chiriquí

Fin de la era Etelvina de Bonagas en la Unachi: se va en medio de procesos legales y un colapso económico

Publicado 2026/06/08 16:30:00
  • Redacción
  •   /  
  • nacion.pa@epasa.com
  •   /  
  • @PanamaAmerica

Tras 13 años en el poder, la rectora no solo deja el cargo, sino que se retira por completo de la docencia. El profesor Pedro González asume las riendas.

Según el abogado Mojica, la profesora Etelvina Medianero ejerció su cátedra por 48 años en la Unachi.

Según el abogado Mojica, la profesora Etelvina Medianero ejerció su cátedra por 48 años en la Unachi.

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Se cierra uno de los capítulos más cuestionables en la historia de la educación superior en Panamá. Tras 13 años, la profesora Etelvina Medianero de Bonagas presentó su renuncia irrevocable a la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

La salida de la funcionaria abre paso a un periodo de transición interina liderado por el profesor Pedro González, hasta ahora vicerrector de Investigación y Posgrado, quien fue designado por el Consejo General Universitario (CGU) para timonear la casa de estudios y convocar a nuevas elecciones en los próximos meses.

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Retiro total y un frente judicial con 9 procesos abiertos

La renuncia de de Bonagas es total. Según confirmó su abogado, Jorge Robinson, la decisión no se limita a la jefatura de la Unachi, sino que incluye su renuncia definitiva como docente a la cátedra que ejerció por más de 48 años.

Aunque la defensa esgrimió que de Bonagas se encuentra bajo incapacidad médica y con afectaciones de salud, admitieron que el panorama legal que le espera es complejo.

"Los procesos contra su cliente continuarán y su defensa legal estará afrontándolo como en debido derecho corresponde. De Bonagas tiene nueve procesos abiertos", precisó Robinson.

El choque por el nepotismo 

El abogado Adecio Mojica, ex fiscal de la nación y parte del equipo legal de la exrectora, salió en su defensa asegurando que ella "lo que menos quería era que se siguieran dando situaciones que afectaran a los estudiantes". 

Mojica tildó de "falso" que la hoy exrectora tuviera a familiares nombrados bajo su ala, afirmando que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) ya había aclarado el panorama.

Sin embargo, los documentos oficiales contradicen la versión de la defensa. En una nota enviada al CGU el pasado 26 de mayo, la ministra de Educación, Lucy Molinar, reveló que la recomendación expresa de la Antai era: 

Destituir de forma inmediata a 15 funcionarios.

Suspender el 50% del salario a otros 12 colaboradores.

Todos los anteriores, vinculados directamente a prácticas de nepotismo.

Fondos bajo la lupa del Ministerio Público

La presión contra la administración de de Bonagas llegó a su punto de quiebre el pasado 1 de junio, cuando la ministra Molinar remitió expedientes completos al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Las pesquisas apuntarían a graves anomalías delictivas internas:

Uso indebido y otorgamiento caprichoso de fondos destinados a la investigación científica.

Procesos de licitación pública presuntamente diseñados a la medida de particulares.

 Crisis financiera en Unachi

Aunque Etelvina de Bonagas achacó la asfixia económica de la Unachi a los recortes presupuestarios del MEF, la crisis interna escaló cuando los propios colaboradores de la universidad alzaron la voz.

Los trabajadores denunciaron que los descuentos aplicados a sus salarios presuntamente no habrían sido transferidos oportunamente a las entidades correspondientes afectando los derechos fundamentales de los colaboradores, su estabilidad financiera y su acceso a la seguridad social.

Ante este panorama, la Contraloría General de la República rompió el silencio y anunció la activación urgente de una auditoría forense para determinar el destino de esos fondos y deslindar responsabilidades.


 

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