Rechazan la quema de drogas en Playa Leona de La Chorrera
En marzo de este año los organismos de seguridad destruyeron en Playa Chiquita 9.9 toneladas de droga mientras que en mayo esta cifra aumento a 10.7 toneladas de drogas.
A criterio del representante de Playa Leona el Gobierno debe considerar otras medidas menos contaminantes al ambiente, entre ellas la contratación de empresas especializadas en la incineración de las drogas. Foto/Eric Montenegro
La utilización del sector costero de Playa Chiquita, para la quema de drogas, por parte del Ministerio Público (MP) está generando críticas por parte de los pobladores del corregimiento de Playa Leona en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.
Marcel Rivera, representante de este corregimiento, indicó que la quema a cielo abierto de sustancias ilícitas es una práctica que debe descartarse por el uso de equipos de incineración.
En marzo del 2011 el Gobierno británico donó a Panamá cuatro incineradores de drogas con capacidad para destruir entre 500 a 600 kilos de sustancia ilícitas.
No obstante, las autoridades obviaron su uso y se mantuvo la quema de droga en el vertedero de Cerro Patacón hasta que se prohibió en este sitio y se trasladó a La Chorrera.
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Rivera, apuesta por presentar ante el concejo municipal una resolución en la cual se prohíba la incineración de droga en Playa Chiquita, con base a los efectos contaminantes para el ambiente y riesgo para la salud de la población.
Igualmente se procederá a citar al director regional de Salud, Joaquín Chan, para conocer qué tipo de medidas de control para evitar daños a población se están adoptando.
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Consultado sobre este tema, el Dr. Joaquín Chan, indicó que el Minsa no es consultado para la realización de estas quemas además de no tener reportes sobre afectaciones por el humo resultante de esta combustión.
En marzo de este año los organismos de seguridad destruyeron en Playa Chiquita 9.9 toneladas de droga mientras que en mayo esta cifra aumento a 10.7 toneladas de drogas.
A criterio del representante de Playa Leona el Gobierno debe considerar otras medidas menos contaminantes al ambiente, entre ellas la contratación de empresas especializadas en la incineración de este tipo de sustancias.