Avanza proyecto para obligar a estacionamientos públicos a responder por robos
Asamblea acoge anteproyecto para que estacionamientos públicos paguen por hurtos a usuarios y aprueba agilizar contrataciones para agua y electricidad.
Avanza proyecto para obligar a estacionamientos públicos a responder por robos
La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional acogió el anteproyecto de ley 47, una iniciativa que busca regular el servicio de estacionamientos públicos pagados en el país para obligar a las empresas operadoras a responder por hurtos y daños a los vehículos de los usuarios.
El proponente, el diputado Jorge Bloise, sustentó que la iniciativa busca "hacer justicia a los ciudadanos" que pagan por el uso de estos locales comerciales o edificios y son víctimas de delitos sin que las empresas asuman responsabilidad legal alguna.
Se pretende que exista un respaldo legal obligatorio de la empresa que ofrece el servicio de estacionamiento para que se haga responsable frente a los usuarios, argumentó Bloise durante la sesión.
En la misma jornada, la instancia legislativa prohijó el anteproyecto de ley 118, propuesto por el diputado Marcos Castillero, el cual busca adicionar un artículo a la Ley 22 de 27 de junio de 2006 que regula la Contratación Pública.
De acuerdo con Castillero, la propuesta busca crear mecanismos más ágiles en las licitaciones estatales para llevar servicios de electricidad y agua potable a comunidades vulnerables en todo el territorio nacional, sin descuidar la transparencia en el uso de los fondos públicos.
Trabas burocráticas mantienen fondos congeladosPara ilustrar la problemática, el representante del corregimiento de Leones (Las Minas, Herrera), Carlos Ramos, denunció que esa junta comunal mantiene más de $375,000 congelados en un banco desde hace siete años.
Según Ramos, la Contraloría General de la República no refrenda los proyectos de electrificación que demanda la comunidad debido a "tecnicismos legales" en los trámites de contratación.
La sesión de la Comisión de Comercio contó con la presencia y aportes de representantes de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).