Panamá rechaza ante la OEA una posible intervención militar en Nicaragua

El Gobierno de Panamá rechazó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la idea de una posible intervención militar en Nicaragua, sumida desde 2018 en una grave crisis sociopolítica, e instó al país centroamericano a tener una democracia libre con elecciones.

"Panamá no propone una intervención militar, no propone imponer un Gobierno y no propone una oposición, propone decidir quién debe gobernar en Nicaragua. Panamá respeta plenamente la soberanía" de ese país, dijo la representante de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado, durante una reunión extraordinaria del organismo sobre Nicaragua.

Aquí podrá leer el discurso completo de Delgado: 

Hablar de Nicaragua en esta casa no es sencillo.

Esta Organización nació para defender la democracia, la paz, los derechos humanos y el Estado de Derecho en nuestro hemisferio.

Y precisamente por eso hay momentos en que el silencio diplomático deja de ser prudencia y empieza a parecer indiferencia.

Creo que éste es uno de ellos.

Permítanme comenzar con una reflexión.

Durante décadas, América Latina produjo una literatura extraordinaria para intentar comprender la naturaleza del poder absoluto.

Miguel Ángel Asturias escribió El Señor Presidente.

Augusto Roa Bastos, Yo, el Supremo.

Gabriel García Márquez, El otoño del patriarca.

Y Mario Vargas Llosa, La fiesta del Chivo.

Nuestros grandes escritores entendieron algo que nuestra política ha tenido que aprender muchas veces, y a veces demasiado tarde:

el problema de la tiranía no comienza únicamente cuando aparece la violencia. Comienza cuando el poder deja de entenderse como un mandato y empieza a entenderse como propiedad.

Y allí aparece una de las grandes paradojas de la democracia.

Un pueblo puede elegir libremente a un gobernante.

Pero esa elección no le entrega la propiedad del Estado.

Le entrega un mandato.

Y todo mandato democrático tiene límites.

Porque la democracia no consiste solamente en responder a la pregunta:

¿Quién gobierna?

La República plantea una segunda pregunta, igualmente importante:

¿Hasta dónde puede gobernar quien ganó?

La respuesta está en la Constitución.

En el Estado de Derecho.

En los derechos fundamentales.

En la independencia de las instituciones.

En la libertad de los ciudadanos.

Y, sobre todo, en el derecho del pueblo a volver a decidir.

La democracia no es solamente el gobierno de la mayoría.

Es también el gobierno de la mayoría limitado por los derechos de todos.

La Carta Democrática Interamericana que todos hemos suscrito expresa precisamente esa concepción.

Reconoce que los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y que sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla.

Y establece que la democracia representativa comprende mucho más que una elección: derechos humanos, Estado de Derecho, elecciones periódicas, libres y justas, pluralismo político y separación e independencia de los poderes públicos. (OAS⁠)

Por eso debemos hacernos una pregunta difícil:

¿Qué ocurre cuando un gobierno que llegó al poder mediante elecciones comienza posteriormente a eliminar las condiciones que permiten al pueblo cambiarlo democráticamente?

La respuesta de Panamá es clara.

Debemos respetar la soberanía del pueblo.

Y precisamente por eso debemos defender su derecho a seguir ejerciéndola.

Porque existe una diferencia fundamental entre equivocarse dentro de una democracia y perder el mecanismo democrático para corregir ese error.

Una democracia permite cambiar de gobierno sin cambiar de país.

Permite reemplazar a los gobernantes sin destruir las instituciones.

Permite corregir los errores mediante una papeleta y no mediante la violencia.

Ésa es una de las mayores conquistas de la civilización política.

Y ésa es también la preocupación que Nicaragua plantea hoy a nuestra conciencia democrática.

No corresponde a Panamá determinar quién debe gobernar Nicaragua.

No corresponde a esta Organización escoger una ideología, un partido o un candidato para el pueblo nicaragüense.

Corresponde a los nicaragüenses decidir su futuro.

Pero para que esa decisión sea realmente suya, debe existir la posibilidad de elegir.

Y también la posibilidad de reemplazar.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado recientemente su preocupación por declaraciones según las cuales en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, así como por iniciativas constitucionales que, según la Comisión, restringirían la competencia política y eliminarían condiciones necesarias para la alternancia democrática. También ha señalado preocupaciones respecto de la concentración del poder derivada de la reforma constitucional de 2025. (OAS⁠)

Panamá toma nota de esas preocupaciones dentro del marco institucional del sistema interamericano.

Y lo hace desde un principio sencillo:

una elección no es una autorización para cancelar las elecciones siguientes.

La legitimidad de origen no puede convertirse en un derecho perpetuo sobre el Estado.

Una mayoría electoral no puede convertirse en una mayoría con derecho a eliminar el pluralismo.

Y ningún gobierno puede arrogarse la facultad de decidir quién tiene derecho a competir por el poder.

Porque cuando un gobernante puede escoger a sus adversarios, la competencia deja de ser verdaderamente democrática.

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Excelencias:

Quiero abordar también una cuestión particularmente sensible para nuestra región:

¿Hasta dónde puede actuar otro Estado en defensa de los principios democráticos de otro pueblo?

Panamá conoce demasiado bien la historia de las intervenciones en América Latina como para tomar esta pregunta a la ligera.

Nuestra historia nos ha enseñado el valor de la soberanía.

Nos ha enseñado el valor de la autodeterminación.

Y también nos ha enseñado el precio que pueden pagar los pueblos cuando otros deciden intervenir en su nombre.

Por eso Panamá no propone una intervención militar.

No propone imponer un gobierno.

No propone escoger una oposición.

No propone decidir quién debe gobernar Nicaragua.

Panamá respeta plenamente la soberanía nacional de Nicaragua.

Pero debemos hacer una distinción que consideramos fundamental:

soberanía del Estado no puede significar la desaparición de la soberanía política de su pueblo.

El Estado es soberano frente a otros Estados.

Pero en una República democrática, el pueblo es el soberano frente a su propio gobierno.

Y defender los derechos democráticos de los nicaragüenses no significa intervenir militarmente en Nicaragua.

Entre el silencio y los fusiles existe un inmenso territorio de acción diplomática.

Ese territorio incluye la diplomacia.

El diálogo.

La defensa de los derechos humanos.

El acompañamiento internacional.

La observación electoral.

El fortalecimiento de las instituciones.

Y el cumplimiento de los compromisos que libremente hemos asumido dentro del sistema interamericano.

La Carta Democrática no fue creada para decirnos a quién debemos elegir.

Fue creada para defender el derecho de nuestros pueblos a elegir.

No nos dice qué ideología debemos apoyar.

Nos exige preservar el pluralismo.

No nos dice quién debe gobernar.

os recuerda que el poder debe ejercerse dentro del Estado de Derecho.

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Por eso, la posición de Panamá es deliberadamente sencilla.

Panamá no quiere gobernar Nicaragua.

Quiere que Nicaragua pueda gobernarse democráticamente.

Panamá no quiere escoger por los nicaragüenses quién debe representarlos.

Quiere que los nicaragüenses puedan escoger libremente a quien habrá de representarlos.

Panamá no quiere imponer una oposición.

Quiere que exista oposición.

No quiere fabricar una alternancia.

Quiere que exista la posibilidad de una alternancia.

No quiere decidir el futuro de Nicaragua.

Quiere que el futuro de Nicaragua siga perteneciendo a los nicaragüenses.

Y ésta no es una posición contra una ideología.

No es una posición contra la izquierda.

No es una posición contra la derecha.

No es una posición a favor de un partido.

Es una posición a favor de un principio.

Los pueblos tienen derecho a escoger libremente a sus gobernantes y a reemplazarlos democráticamente.

Ese principio debe valer para todos.

Siempre.

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Excelencias:

América Latina conoce demasiado bien la tentación del poder absoluto.

También conoce la tentación de justificarlo cuando el gobernante es políticamente cercano.

Y conoce la tentación contraria de condenarlo únicamente cuando es políticamente adversario.

Panamá no quiere caer en ninguna de las dos.

Por eso nuestra posición es sencilla:

ni dictaduras amigas ni dictaduras enemigas.

Ninguna dictadura.

La democracia no puede ser selectiva.

Los derechos humanos no pueden depender de la ideología del gobierno que los vulnera.

La libertad política no puede ser defendida solamente cuando favorece nuestros intereses.

Y la soberanía no puede ser invocada para proteger al Estado mientras se niega la soberanía política de sus ciudadanos.

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Excelencias:

Una generación puede escoger un gobierno para sí misma.

Pero ninguna generación debería poder privar a la siguiente de la posibilidad de escoger algo diferente.

Porque una República no pertenece a su gobierno.

No pertenece a su partido.

o pertenece a una familia.

No pertenece a una revolución.

Pertenece a sus ciudadanos.

Y ésa es precisamente la razón por la que debemos defender las instituciones.

Porque las instituciones permiten que el poder cambie de manos sin que el país tenga que cambiar de destino.

La democracia es imperfecta.

Por supuesto que lo es.

Pero tiene una virtud extraordinaria:

permite corregir sus propios errores sin recurrir a la violencia.

La urna permite despedir al gobernante.

La alternancia permite renovar la esperanza.

El Estado de Derecho permite resolver los conflictos sin que el poder tenga que convertirse en fuerza.

Y la libertad permite que un ciudadano pueda decirle al gobierno:

“No estoy de acuerdo contigo.”

Sin que por hacerlo pierda sus derechos

Señoras y señores: Panamá conoce el valor de la soberanía.

Conoce el valor de la autodeterminación.

Conoce el precio de la intervención.

Y conoce también el precio de perder las libertades.

Por eso nuestra posición frente a Nicaragua no nace de una voluntad de intervenir en su política interna.

Nace de un compromiso interamericano.

Y ese compromiso puede resumirse en una frase:

Panamá no pretende escoger el futuro político de Nicaragua.

Panamá defiende el derecho de los nicaragüenses a escogerlo.

No queremos gobernar Nicaragua.

Queremos que Nicaragua pueda gobernarse democráticamente.

No queremos imponer una alternativa.

Queremos que exista la posibilidad de una alternativa.

No queremos decidir quién debe representar al pueblo nicaragüense.

Queremos que sea el pueblo nicaragüense quien lo decida.

Porque la soberanía nacional no puede utilizarse para negar la soberanía popular.

Porque el voto entrega un mandato, pero nunca entrega la propiedad del Estado.

Porque una elección no es una autorización para cancelar las elecciones siguientes

Y porque ningún hombre, ningún partido y ninguna familia puede ser dueño de un pueblo.

Panamá seguirá defendiendo en Nicaragua y en toda nuestra América un principio que no debería tener ni izquierda ni derecha, ni amigos ni enemigo: la democracia debe ser para todos, y debe ser defendida siempre.