Mulino anunció, durante su conversatorio semanal, que los puertos de Balboa y Cristóbal no volverán a darse en concesión juntos, sino por separado.
El abogado Carlos Carrillo señaló que el caso en sí mismo es una irregularidad porque en Brasil fue decretado nulo.
Zubieta asegura que puertos seguirán operando y los puestos de trabajo están garantizados.
El presidente de la CCIAP considera de que PPC tiene su derecho al arbitraje y Panamá a defenderse.
El secretario general de SITRAVAAP adelantó que estarán en la Asamblea y velarán por la estabilidad laboral de los trabajadores.
De esta forma, el Gobierno panameño responde a la Oficina de Asuntos de HK y Macao que quien calificó de "absurdo" él falló que finalizó el contrato con PPC.
El presidente Mulino recordó que Panamá es un Estado de Derecho y respeta las decisiones del Órgano Judicial.
Desde china dicen que el fallo es cómplice con el mal, vergonzoso y patético. Refleja total servidumbre y sumisión ante la hegemonía
PPC señaló que el inicio del arbitraje se produce tras una campaña del Estado panameño dirigida específicamente contra esta compañía y su contrato de concesión.
Fueron cuatro demandas presentadas contra las medidas precautorias que puede tomar el contralor.
El exmandatario expresó su preocupación en torno al mensaje que se le envía a los inversionistas al declarar inconstitucionales los contratos.
Muñoz dijo que se reunió con los trabajadores y con los miembros de las cinco organizaciones sindicales que operan dentro del puerto Balboa.
El mandatario panameño destacó que, hasta que el fallo quede ejecutoriado, se produce un periodo de continuidad del actual operador, sin ningún cambio operativo
PCC indica que el fallo es diametralmente opuesto a fallos que ya ha emitido la Corte Suprema respecto a contratos similares.
Señalaron que es necesario reglamentar su uso para que la ciudadanía tenga la certeza de que no intervendrá en la ética de los jueces.
La AAUD entró a San Miguelito el 1 de enero de 2026 para ayudar con la recolección ante una inminente crisis sanitaria que la Alcaldía no pudo atajar.
Este viernes la jueza debe retomar la audiencia por el caso Fisher, la cual fue suspendida para que atendiera el juicio de Odebrecht.
De acuerdo con el abogado Alejandro Pérez durante la presidencia de López hubo de todo, menos justicia.
Varios abogados coinciden en que el desafío de la administración de justicia sigue siendo el mismo: recuperar la confianza de los panameños.
Tras dos periodos al frente de la máxima corporación de justicia del país, se espera que los escándalos que rodearon la administración de López queden atrás.
