Los papeles de Panamá continúan haciendo daño

Contrario a lo que piensa el mandatario panameño, Juan Carlos Varela, de que los papeles de Panamá son "situaciones mediáticas", uno de los miembros del Comité de Expertos convocados para revisar nuestro sistema financiero, dejó claro que no es así.

El exadministrador del Canal de Panamá Alberto Alemán Zubieta dijo que no es un tema del pasado, sino que está vigente y haciendo daño.

"No creo que es un tema mediático, es un tema que tenemos que mirarlo y enfrentarlo de verdad", detalló en entrevista a Telemetro.

Según Alemán Zubieta, Panamá es "bien visto como un país en general", pero admitió que tras el escándalo, la nación "ha cojeado" en estos temas.

El informe, divulgado ayer, resalta que está en las manos del Gobierno Nacional la responsabilidad de "limpiar" la cara del país tras el escándalo de los denominados Panamá Papers y lograr un Panamá más competitivo y transparente.

El Comité Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales evaluaron las prácticas vigentes del centro de servicio financiero panameño.

Estos expertos fueron llamados luego de la filtración, en mayo pasado, de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca sobre la creación de sociedades offshore para presuntamente ocultar patrimonios.

La firma de abogados fue establecida por Ramón Fonseca Mora, prominente miembro y directivo del Partido Panameñista, quien fue ministro consejero del presidente Varela.

El informe señaló que se deberá desarrollar e implementar una legislación "anticorrupción" que alcance a los actos realizados por nacionales panameños o grupos económicos establecidos en Panamá que directa o indirectamente participen en la instrumentación de actividades ilícitas en terceros países.

"La normativa deberá incluir la obligación de supervisar y tener estricto control de las actividades que realicen terceros en su nombre, franquiciatarios, concesionarios o agentes de cualquier naturaleza, sea personalmente o a través de persona jurídica, directa o indirectamente", se detalla en el documento.

Los expertos dejaron claro que sus "reflexiones" van a requerir decisiones, inversión, legislación y un alto grado de compromiso por parte de las autoridades y entes de regulación.

En efecto, a la administración gubernamental le espera una serie de tareas, entre ellas, establecer "con la brevedad posible" una visión integral para la estrategia nacional de servicios internacionales, que tendrá que tener como objetivo el excluir a Panamá de toda lista discriminatoria relacionada con temas de impuestos, transparencia e intercambio de información.

Asimismo, recomendaron incluir a Panamá en foros multilaterales relevantes, y establecer acuerdos políticos necesarios y mantener una disponibilidad, acceso e intercambio de la información.

Incluso, la educación forma parte de las recomendaciones del Comité de Expertos, pues considera que se debe iniciar un proceso estructurado en alianza con el sector privado, en particular, con empresas de asesoría, contabilidad, finanzas, seguros y auditoría para fortalecer en el sistema educativo en Panamá la formación profesional, técnica y ética de profesionales en contabilidad, control y auditoría.

Sin embargo, el esfuerzo de los cincos miembros podría quedar en tan solo un documento más, a juicio de algunos consultados.

Para la economista, Maribel Gordón, el informe final no cumplió el objetivo, pues su enfoque nunca estuvo dirigido a realizar una radiografía científica y objetiva del alcance de las "compañías de papel" para la evasión de impuestos.

"Es un informe que se entrega para cumplir un requisito formal de una comisión que se creó y que perdió toda credibilidad", detalló a Panamá América.

Gordón recordó que existe cierta aprehensión en cuanto a la credibilidad del comité, tras la salida de dos de sus miembros iniciales: las renombradas figuras de Joseph Stiglitz, de Estados Unidos, premio Nobel de Economía, y Mark Pieth, de Suiza.

De hecho, Stiglitz expresó que duda del resultado del informe, por la cercanía de la firma Mossack Fonseca con el gobierno actual.

Llama la atención que en las conclusiones se enfatizó que el documento responde de manera directa al mandato y objetivos recibidos por medio de decreto ejecutivo, y "no a la presión internacional de instituciones y personas que tienen otras necesidades y agendas propias respecto a Panamá o al sistema financiero internacional".