Abogado analiza la disputa penal entre Grupo Motta y Empresas Bern por Town Center
El abogado Angelo Madrid analizó la querella penal contra Empresas Bern por $77.8M e instó al Ministerio Público a no actuar como agente de cobro civil.
La audiencia de imputación contra José Manuel Bern fue movida para finales de diciembre.
La controversia legal entre dos de los grupos económicos más prominentes de Panamá, Grupo Motta y Empresas Bern, dio un giro hacia la jurisdicción penal, luego de que la Fiscalía Metropolitana programara la solicitud de imputación de cargos por la presunta comisión de los delitos de estafa y hurto agravado contra José Manuel Bern en perjuicio de la sociedad Costa del Este Town Center Group, S.A.
Además se espera que su padre, Hermán Bern Pittí y sus hermanos Jacqueline e Ingrid Bern Barbero, también sean imputados
En un análisis jurídico sobre el caso, el abogado panameño Angelo Madrid examinó los límites entre la responsabilidad civil y la penal, advirtiendo sobre los riesgos de instrumentalizar los procesos judiciales.
Madrid recordó que el conflicto económico tiene su origen en el centro comercial Town Center Costa del Este. En mayo de 2024, un tribunal del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP) emitió un laudo arbitral que condenó a sociedades de Grupo Empresas Bern a pagar $77.8 millones por incumplimientos contractuales y daños en la infraestructura a favor de Costa del Este Town Center Group.
"Es importante dar a conocer a la sociedad panameña que existen competencias de carácter civil y de carácter penal. En este caso se agotó la vía civil a fin de que las partes llegaran a un entendimiento o cumplieran con las obligaciones contractuales. El tribunal competente fijó la cuantía y hasta el momento no se ha podido cumplir", explicó Madrid.
La frontera constitucional entre el reclamo civil y la vía penalEl jurista enfatizó que la norma en Panamá prohíbe la privación de libertad por deudas comerciales y que la intervención de la justicia penal debe ser de carácter restrictivo.
Madrid advirtió que la fiscalía debe evaluar cuidadosamente los elementos aportados en la querella para evitar "que el Ministerio Público se convierta en una especie de cobrador de situaciones personales o civiles".
Madrid explicó que el artículo 21 de la Constitución Política de Panamá establece claramente que no hay cárcel por deudas ni situaciones de naturaleza meramente civil.
Mientras que el artículo 3 del Código Penal rige la intervención mínima de la esfera penal, la cual solo aplica cuando existan elementos independientes de convicción que configuren un tipo penal autónomo como la estafa o el hurto.
Respecto al desarrollo de la causa contra la junta directiva y representantes legales de Empresas Bern, la audiencia de formulación de imputación de cargos que estaba prevista para el pasado viernes fue pospuesta para el próximo 30 de diciembre, luego de que una de las partes no compareciera.
"Para los que somos estudiosos del derecho nos llama la atención los cargos que se le pueden imputar y saber ¿cuál será la suerte que se surtirá en debate (...) cuando lleva la audiencia de imputación?", subrayó.
La representación legal de la familia Bern está a cargo de la destituida fiscal Anticorrupción Zuleyka Moore y su hermano William. Sobre el rol de la defensa y la actuación de los jueces de garantías en este proceso de alto perfil, Madrid destacó que los tribunales deben velar por el estricto cumplimiento del debido proceso sin distinciones.
Al evaluar cómo podría concluir el litigio, el jurista estimó que, dada la naturaleza del conflicto entre familias empresariales de alta relevancia, las partes podrían recurrir a métodos alternos de resolución de conflictos previstos en el Código Procesal Penal para alcanzar un acuerdo económico que satisfaga las pretensiones patrimoniales y evite el desgaste de la imagen corporativa de ambas estructuras.