Empresa investigada vendió armas al gobierno de Juan Carlos Varela
El empresario Ricauter Grajales recibió en el gobierno saliente contratos por más de 7 millones de dólares, de acuerdo con la Contraloría.
Empresa investigada vendió armas al gobierno de Juan Carlos Varela. Foto: Panamá América.
En el Gobierno de Juan Carlos Varela, la empresa Armunal (Armas y Municiones Nacionales) recibió al menos tres contratos directos que suman 7.3 millones de dólares para la compra de armamentos de la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras, de acuerdo con datos de la Contraloría General de la República.
Se trata de una empresa que es investigada junto a su representante, Ricauter Grajales, de peculado y corrupción, tras importar 406 pistolas Glock en 2013, de las que 400 se destinarían para que personal del SPI.
El resto se habría importado para ventas privadas a precios accesibles ($550 en preventa y $600 en venta), de acuerdo con información de varios medios de comunicación.
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Ricaurter Grajales, quien estuvo detenido como medida cautelar, y su empresa Armunal enfrentan aún una imputación del Ministerio Público por peculado y corrupción desde 2017.
Pero en el Gobierno de Juan Carlos Varela gozó de varios contratos directos, a pesar que el SPI ya tenía conocimiento del caso de las armas.
En la era de Juan Carlos Varela, Armunal recibió su primer contrato el 25 de agosto de 2015 por 835 mil dólares para la compra de 200 rifles colt de carabina avanzada M4, 250 mil municiones para fusil M4 y 205 miras militar punto rojo para el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), según información de la Contraloría.
El 19 de enero de 2016, Armunal obtiene otro contrato de suministro de armas para la Policía Nacional por 4.1 millones de dólares para la compra de mil 450 rifles colt modelo LE6691, 150 Rifles Colt SMG modelo R0991, y 150 rifles Colt SMG modelo R0992.
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El 30 de septiembre de 2016, la Policía Nacional vuelve a contratar de forma directa 2 millones 434 mil dólares para compra de pistolas Glock, revela el Sistema de Seguimiento, Control y Acceso y Fiscalización de la Contraloría.
Según datos del caso bajo investigación, las armas habrían ingresado al territorio nacional sin la respectiva autorización de importación. Además, para el momento de la importación, en 2013, estaba vigente la prohibición de traer armas al país, indicó la fiscalía.