Panamá debe enderezar 'entuerto jurídico' en el caso Odebrecht

La evolución del caso Odebrecht en Panamá ha estado marcada por múltiples irregularidades, entre ellas, la utilización de pruebas desestimadas no solo en el país de origen de la investigación, sino también en jurisdicciones en donde, incluso después de condenar a los imputados, la corte ha rectificado su decisión, anulando la causa.

Comportamiento que, a juicio de diversos juristas, debe replicarse en territorio nacional, tomando en cuenta que los fallos de Brasil y Perú constituyen referentes de derecho comparado que la jueza Baloisa Marquínez está llamada a considerar al momento de emitir su decisión por tratarse de un caso que trasciende fronteras.

Marquínez, según el abogado Omar Singh, tiene la oportunidad de enderezar el sistema de justicia que otros han utilizado para perseguir al expresidente Ricardo Martinelli, quien, pese a no ser funcionario público durante el periodo investigado, ha sido involucrado en el proceso por presunto blanqueo de capitales.

Explicó que se pueden corregir los "entuertos jurídicos" del pasado a través de un sobreseimiento a Martinelli, toda vez que no existen elementos suficientes para sostener la acusación, ya que la defensa corroboró que los fondos otorgados por la constructora Odebrecht se utilizaron para publicidad y promoción electoral.

Singh aseguró que fortalecer el sistema de justicia, además de garantizar a la ciudadanía el respeto de sus derechos, propiciará la llegada de más inversionistas a Panamá; por ende, es importante que la decisión del tribunal se apegue a estricto derecho.

"Si no enderezamos la justicia en Panamá, lastimosamente nadie va a invertir", subrayó.

El jurista Basilio González, por su parte, ha reiterado que el caso Odebrecht es un ejemplo de lo que en derecho se conoce como la doctrina del "fruto del árbol envenenado", que establece que las pruebas obtenidas de manera ilegal contaminan al resto.

Además, cuando se anulan evidencias utilizadas como base o fundamento de derecho para investigar a una persona, estas desaparecen del mundo jurídico; por tanto, son inutilizables, como acreditó el magistrado brasileño José Antonio Dias Toffoli al desestimar las pruebas provenientes de las confesiones de los ejecutivos de la empresa.

Dichas declaraciones, de acuerdo con Dias Toffoli, fueron obtenidas al margen de la ley, generando graves consecuencias a las personas investigadas en Brasil y en el extranjero; por ello, reiteró que son inadmisibles "en cualquier jurisdicción".

"El reconocimiento de la referida inutilidad debe extenderse a todos los actos que hayan utilizado tales elementos, ya sea en el ámbito penal, el ámbito electoral, o en procesos que impliquen actos de irregularidad administrativa, o incluso en el ámbito civil", concluyó.

El equipo legal de Martinelli espera que la jueza Marquínez valore que no se le permitió contrainterrogar a los testigos, limitando su capacidad de defensa.