Presentan otro incidente de desacato contra la Fiscalía Anticorrupción por no acatar fallo de la Corte en el caso Odebrecht

Un nuevo incidente de desacato, contra la Fiscalía Especial Anticorrupción, que lleva adelante el caso Odebretch, fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por el abogado Roberto Ruiz Díaz, en representación del empresario Frank de Lima Vargas.

La acción guarda relación con la sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 30 de noviembre de 2020, mediante la cual se declaró ilegal la orden de aprehensión de una propiedad del señor De Lima Vargas, la cual fue decretada por la fiscal Zuleyka Moore, quien fuese separada de las investigaciones que se llevan en Panamá por el caso de la constructora Odebrecht.

La misma se da toda vez que a la fecha, la fiscalía no ha procedido a dejar sin efecto el oficio que envió a el Registro Público, mediante la cual se comunicó la orden de aprehensión de la propiedad La Vistada S.A., ubicada en San Carlos.

"Parece un comportamiento recurrente dentro de este expediente, de constantes violaciones a la Constitución, donde una vez la Corte emite un fallo y la fiscalía hace caso omiso y no ejecuta lo ordenado, este no es el primer caso, pues ya con el señor Freddy Barco, la fiscal Moore y la fiscalía, luego de que la Corte decretó la ilegalidad de la detención, tardaron ocho meses en dejar sin efecto la orden de detención y el impedimento de salida, causándole graves perjuicios, como en este caso", dijo Ruiz Díaz.

El jurista añadió que la propiedad, La Vistada, fue aprehendida físicamente mediante una providencia firmada por la entonces fiscal anticorrupción, Moore, en septiembre de 2018 y se mantuvo en completo abandono, sin un depositario responsable para mantener la residencia y evitar su deterioro, por más de 14 meses.

Esto hasta que el Tribunal Superior designó como depositario a su propietario el empresario Frank De Lima Vargas.

El Segundo Tribunal Superior, en su fallo, le reiteró a Moore que la aprehensión que ordenó en su momento fue totalmente ilegal, ya que la misma impidió que su propietario se defendiera, al negarse a recibir poder de un abogado, por lo que se tuvo que recurrir a los tribunales.

"Ahora la fiscalía se negó a recibir el escrito, donde solicitaba se remitiera el oficio respectivo al Registro Público, bajo el pretexto que el término de investigación se venció, lo cual no tiene nada que ver, pues el expediente aún reposa en ese despacho y se le debía dar trámite de la solicitud, por eso querellamos a las funcionarias involucradas, por abuso de autoridad y se prepara la correspondiente demanda civil contra el Estado panameño, por los daños y perjuicios ocasionados por las órdenes dictadas en su momento por Moore", señaló el jurista.

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El defensor indicó que a pesar de que el procurador Eduardo Ulloa, señaló que el expediente seria enviado al Juzgado Tercero Liquidador, con la debida vista fiscal, el mismo reposa en la fiscalía anticorrupción, por lo que no entiende porqué no se quiere comunicar al Registro Público de la liberación del bien.