Prorrogan por cuatro meses prisión domiciliaria a Patria Portugal
La exfuncionaria fue sancionada por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.
La exdefensora del Pueblo, Patria Portugal. Foto: Archivo
El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá revocó la decisión de una jueza de cumplimiento, quien negó la extensión de prisión domiciliaria a la exdefensora del Pueblo, Patria Portugal.
En su lugar, le prorrogó por el término de cuatro meses la prisión domiciliaria.
La exfuncionaria fue sancionada por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado, en perjuicio de la Defensoría del Pueblo.
El tribunal colegiado fundamentó su decisión después de escuchar las argumentaciones tanto de la defensa técnica particular como de la representante del Ministerio Público, a fin de que se le realicen a la sancionada una serie de exámenes médicos, tal cual lo solicitó la médico legista, y los resultados sean enviados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que sean evaluados, y se envíe a la jueza de cumplimiento un informe concluyente para establecer si puede o no cumplir la pena impuesta de 96 meses de prisión en un centro carcelario.
Luego de esto, se deberá celebrar una nueva audiencia ante el Juzgado de Cumplimiento para determinar lo que en derecho corresponda.
El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Anticorrupción Ileana Castillo, mientras que la defensa técnica particular estuvo a cargo de la abogada Patricia Portugal Mollah.
Cabe mencionar que el pasado 23 de febrero, la jueza de cumplimiento del Primer Circuito Judicial de Panamá, Angeline Adames, no había accedido a la solicitud de extensión de la medida de sustitución de la pena de prisión domiciliaria a Portugal y ordenó el cumplimiento de la pena en un centro carcelario.
El Tribunal de Cumplimiento había considerado que la sancionada podía cumplir su pena dentro de un centro penitenciario, atender el dictamen médico legal y darle una retribución justa a la sociedad.
Este proceso tuvo su origen en 2012, cuando la sancionada, en funciones como defensora del Pueblo, celebró un contrato de consultoría con una empresa sin experiencia para el rediseño de la página web de la institución y propició una malversación de fondos en la entidad pública que dirigía.
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