Investigarán presuntos cursos para "curar" la homosexualidad en la diócesis Madrid
El vicepresidente regional de Madrid, Pedro Rollán, anunció que se investigará este caso tras haber conocido la presentación las denuncias al respecto de un diputado de la formación de izquierda Podemos y de la asociación LGBT Arcópoli.
Se genera la polémica ante posibles tratamientos ilegales. FOTO/EFE
El Gobierno de la región de Madrid investigará los cursos para "curar" la homosexualidad impartidos supuestamente por el Obispado de la diócesis de Alcalá de Henares, en la periferia de la capital española, tras la presentación de dos denuncias al respecto.
El Obispado negó este martes la existencia de esos cursos, que fueron revelados por el periódico digital "eldiario.es", aunque admitió que "no renuncia a acoger y acompañar a las personas que libremente lo solicitan".
El diario publicó este lunes una noticia sobre unos "cursos ilegales y clandestinos para 'curar' la homosexualidad" impartidos por la diócesis encabezada por el obispo Juan Antonio Reig Plà.
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La información se basa en el reportaje de un periodista que acudió el 21 de marzo pasado, como "un joven que quiere cambiar su orientación", a una sesión de terapias ofrecida "para 'curar' la homosexualidad" en el Centro de Orientación Familiar Regina Familiae, perteneciente a la Diócesis de Alcalá de Henares.
El vicepresidente regional de Madrid, Pedro Rollán, anunció que se investigará este caso tras haber conocido la presentación las denuncias al respecto de un diputado de la formación de izquierda Podemos y de la asociación LGBT Arcópoli.
"Si como resultado se determina que se ha incurrido en algún tipo de incumplimiento en base a la Ley contra la LGTBifobia, se aplicará la sanción (correspondiente)", dijo.
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El artículo 70.4 c de esa Ley establece como infracción muy grave "la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona".
"Para la comisión de esta infracción será irrelevante el consentimiento prestado por la persona sometida a tales terapias", añade el texto legal que establece una sanción económica de entre 20.000 y 45.000 euros en esos casos.