‘Busitos piratas’, alternativa que requieren los capitalinos
Según la mayoría de los usuarios, los busitos piratas son una alternativa que contribuye a la disminución del problema del transporte público en el país.
‘Busitos piratas’, alternativa que requieren los capitalinos
Según la mayoría de los usuarios, los busitos piratas son una alternativa que contribuye a la disminución del problema del transporte público en el país.
Así lo dejó en evidencia la última encuesta de El Pulso de Panamá, publicada por Panamá América y realizada por la empresa Datexco.
En el sondeo se le preguntó a los electores: ¿Cree usted que la legalización de algunos transportes piratas contribuye o no a la disminución del problema del transporte público en Panamá?
Los resultados fueron contundentes. El 70% respondió que sí contribuye, mientras que un 14% dijo que no aporta nada a la solución del transporte colectivo en el país. El restante 16% contestó no saber o no respondió.
Paralelo a las encuestas, hay amplios sectores en Panamá que avalan ciento por ciento la circulación, operación y legalización del transporte pirata, sea con buses o taxis.
Esta actividad fue permitida mediante un permiso temporal indefinido que aprobó la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional, presidida por el transportista Marcos González.
Posiciones
Para Esperanza Mena, de la Fundación Para la Protección del Usuario del Transporte Público, la medida sirve para disminuir la falta de unidades y frecuencia del actual sistema.
Asimismo, opinó que los buses piratas deben seguir al pie de la letra las normas jurídicas y de seguridad para con el usuario.
Reconocemos que el servicio de transporte alternativo o ‘piratas’ ayuda a solucionar el déficit del transporte legalizado, porque el sistema actual obliga a los usuarios a utilizarlo. Además, solicitamos a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) que incremente el número de unidades, siempre y cuando cumplan con las normas de seguridad establecidas por las autoridades, expresó Mena.
Dionel Broce, expresidente de los buses de la ruta de Pedregal y exmiembro de la Junta Directiva de la ATTT, sostuvo que un mal no se puede resolver con otro problema.
No puede ser posible que el transporte público legalizado cobre menos que los ‘piratas’. Todos los ‘piratas’ cobran lo que les venga en gana.
Broce también recomendó a las autoridades poner fin al contrato con la empresa concesionaria que presta el servicio de transporte colectivo en la capital, si no cumple con lo pactado en dicho documento.
Hay que pedirle a la empresa que cumpla con el contrato de prestación del servicio público, si no puede hacerlo, hay que terminarlo de inmediato, sostuvo Broce.
En medio de este dilema se encuentran los usuarios, quienes alegan que con los vehículos piratas llegan más rápido a sus casas, aunque el pasaje les cueste un poco más.
En este sentido, Roberto Moreno, director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), manifestó que a diario las personas corren peligro al abordar este tipo de transporte.
Los usuarios se corren el riesgo, porque son vehículos que no llenan las especificaciones técnicas que exige la Autoridad del Tránsito y tampoco cuentan con algún tipo de seguro, en caso de que ocurra algún accidente sobre las carreteras.
La ATTT había dado plazo hasta el 15 de enero a los busitos piratas, pero tras recibir un espaldarazo por parte del presidente Ricardo Martinelli, se extendió en forma indefinida.
El pasaje de ‘piratas’ debe ser igual al del metrobús
El director de la ATTT, Roberto Moreno, advirtió a los conductores de vehículos piratas que deben cobrar $1.25 en las rutas de corredores o autopistas y solo 25 centavos en las rutas troncales.
A su vez, recomendó a la población y usuarios del transporte colectivo o selectivo denunciar el alza ilegal del pasaje a la línea 311.
Por su parte, Daniel Broce, exdirigente transportista del área este de la capital, mencionó que el plazo dado a los vehículos piratas viola la Ley N.° 14 de 1993, sobre el transporte terrestre en el país.
Para el jurista Miguel Antonio Bernal, con estos permisos a los transportistas ilegales, el Gobierno está infringiendo las leyes por estar en un periodo electoral.