Varela viola la ley al designar a policías en el Órgano Ejecutivo
Juristas aseguran que el nombramiento de Alexis Bethancourt como ministro de Seguridad y de otros oficiales en el Gobierno central viola el artículo 311 de la Constitución porque ningún miembro de la Fuerza Pública debe ocupar estas posiciones.
El gobierno de Varela ha sido el que más uniformados ha designados en puestos del Ejecutivo. Archivo
Un nuevo elemento sale al debate de la opinión pública, tras la polémica surgida con el Decreto 302, que otorga jubilaciones anticipadas de 7,000 dólares mensuales a diez oficiales de alto rango de la Fuerza Pública que ocupan cargos de jerarquía en el Gobierno Nacional.
Y es precisamente el hecho de que estos oficiales estén ocupando cargos en el Gobierno, lo que podría ser inconstitucional, según juristas estudiosos de la Carta Magna panameña.
A juicio de Miguel Antonio Bernal, el nombramiento de Alexis Bethancourt como ministro de Seguridad y de otros oficiales como secretarios ejecutivos y directores de instituciones del Gobierno central viola el artículo 311 de la Constitución.
Dicha normativa expresa que los servicios de policía no podrán ser "deliberantes".
Bernal interpreta que ello significa que ningún miembro de la Fuerza Pública debe ocupar posiciones; "el hecho de que la Constitución diga que no deben ser deliberantes, los inhabilita para realizar este tipo cargos como ministros y directores de instituciones públicas", agrega.
Ernesto Cedeño, en entrevista a Telemetro Reporta, acuerpa este argumento y considera que la norma constitucional lo que busca con este artículo 311 es alejar a los miembros de la Fuerza Pública de la política partidista.
Asegura que el Órgano Ejecutivo es un ente dirigido por un partido político que tiene una norma ideológica de pensamiento totalmente distinta a la filosofía que rige a las fuerzas castrenses.
De manera que, según Cedeño, los miembros de la Fuerza Pública que acepten estos cargos de ministros y directores de instituciones deben renunciar a la carrera de policía para asumir estos puestos o, de lo contrario, estarían violentando la norma constitucional.
La norma constitucional indica que la violación del artículo 311 acarrea la destitución inmediata del cargo como miembro de la Fuerza Pública.
Ernesto Cedeño presentó una demanda de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte, al considerar que un decreto no puede modificar una ley porque es contrario al ordenamiento jurídico del país.
IgnoranciaLas declaraciones del ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, al defender el decreto 302, demuestran una ignorancia inexcusable por parte de quienes dirigen el Gobierno.
Así interpretó el jurista Miguel Antonio Bernal la posición del Gobierno ante el polémico decreto 302, sobre jubilaciones especiales para uniformados que ocupen puestos en el Ejecutivo.
"Son unas declaraciones que dan verdaderamente pena", aseveró Bernal al calificar los argumentos que diera el ministro de la Presidencia, justificando la medida.