Río contaminado provoca un infierno medioambiental

EL SALTO, México — Para cuando el contaminado Río Santiago cae en una cascada en las afueras de Guadalajara, en el occidente mexicano, su hedor parece estar por doquier: flota sobre los cultivos, se filtra en los hogares y apesta el agua de la llave.

El río huele a desechos industriales y drenaje, una catástrofe gestada durante años. Los activistas afirman que las sustancias químicas desechadas por fábricas han contribuido a formar una combinación tóxica que ha matado y enfermado a muchas personas a lo largo de sus márgenes. Hace poco, el Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales lo llamó un “infierno medioambiental”.

“Este pueblo es un Chernóbil en cámara lenta”, afirmó Enrique Enciso, cuya casa en El Salto se ubica a unas cuadras del río, y cuya familia tiene más de una década de luchar por limpiarlo.

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El río es un poderoso ejemplo del fracaso de México para proteger su medio ambiente: un análisis de The New York Times de 15 años sobre los esfuerzos para limpiar el Río Santiago arrojó que los intentos fracasaron ante lagunas legales, financiamiento deficiente y una falta de voluntad política.

Ahora, México ha firmado un extenso pacto comercial con Estados Unidos y Canadá en el que promete conservar su medio ambiente: cláusula que fue crucial para obtener la aprobación de los demócratas en el Congreso estadounidense.

No obstante, entrevistas de The New York Times con autoridades y familias a lo largo del río mostraron que es muy poco probable que México pueda cumplir las condiciones del acuerdo. Eso es porque se requeriría una reforma del deficiente marco legal mexicano y un cambio en las condiciones políticas que permitieron que el Santiago se convirtiera en poco más que un canal de desechos industriales.

El Río Santiago, que atraviesa el Estado de Jalisco, demuestra lo incapaz que ha sido el Gobierno para vigilar a las empresas ubicadas en una cuenca importante.

La ONU identificó a este río como la vía navegable más contaminada de México. Granjas y fábricas que impulsan la economía mexicana —y que deberían cumplir las obligaciones impuestas por el nuevo tratado— descargan cantidades ilegales de desechos en su cauce, casi sin sanción alguna.

Las fábricas deben reportar y tratar sus propias emisiones, un ejercicio de buena fe que los mismos funcionarios reconocen que no funciona.

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Menos de una tercera parte de las aguas residuales de la industria es tratada, dijo recientemente la directora de la dependencia gubernamental a cargo de los ríos de México, la Comisión Nacional del Agua, o Conagua, citando cifras del 2017.

Hay compañías que sí tratan sus aguas residuales, precisó Blanca Jiménez. “Pero hay compañías que no, aun cuando tienen los medios económicos. Y allí debe intervenir el Estado”.

Sin embargo, el Estado raras veces toma acción.

Autoridades mexicanas saben desde hace varios años que el Río Santiago está muy contaminado. En el 2008, un niño de 8 años, Miguel Ángel López Rocha, cayó en un afluente del Santiago. Logró salir, pero para la hora de la cena sufría convulsiones y vómito. Murió unos días después por envenenamiento con arsénico causado por el río, reportó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Su muerte atrajo la atención nacional a la contaminación, y el Estado encargó un estudio. Ese informe del 2011 reveló que el río contenía niveles elevados de arsénico, plomo, cadmio, cianuro, mercurio y níquel.

José Chedid Abraham, ex director de la Conagua para la cuenca del Río Santiago, dijo que las leyes para combatir la contaminación tienen fallas.

Eso podría cambiar bajo el nuevo pacto comercial, declaró Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, una de las principales organizaciones ambientales de México.

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Dentro de las letras chiquitas de la ley que el Congreso de EE.UU. redactó para aprobar el acuerdo está una medida que exigiría que México corrigiera fallas en la aplicación de las leyes o enfrentaría posibles sanciones.

“Podría ser una señal importante”, indicó Alanís. “Siempre hemos querido que haya un cumplimiento de la ley”.

Sin embargo, las comunidades que viven a lo largo del río tienen pocas esperanzas de que las cosas cambien.

La familia Enciso ha estado presionando para que se actúe desde hace más de una década. En ese tiempo, han visto a sus vecinos sufrir de enfermedades renales, respiratorias y sarpullido. Otros han desarrollado cáncer y muchos creen que el río tiene la culpa.

“Ahora nos damos cuenta del tamaño del monstruo”, dijo Graciela González, esposa de Enciso.