La democracia de baja intensidad
Si entendemos, como lo hace Amartya Sen, que la democracia está asociada al ejercicio de la libertad, tendremos que concluir que en nuestro país esta, en el mejor de los casos, solo alcanza un nivel que podríamos calificar de democracia de baja intensidad. Esto se evidencia, para comenzar, si tenemos en cuenta que muchos panameños y panameñas siguen careciendo de las condiciones mínimas que les permitirían ser sustantivamente dueños de sus propios destinos.
Difícilmente podemos hablar, para dar un ejemplo, de un efectivo ejercicio de la libertad para ese 15% de la población que se encuentra en condiciones de inadecuación alimentaria. Aun peor son las perspectivas de ese 19% de los niños menores de cinco años que muestran algún nivel de desnutrición. Así mismo, para dar otro ejemplo, debemos recordar que cerca del 28.0% de los jóvenes que deberían estar atendiendo la educación media y premedia se encuentran excluidos del sistema educativo.
PANAMÁ ESTÁ LEJOS DE CONCRETAR LAS CONDICIONES MÍNIMAS. MÁS ALLÁ DE UN SISTEMA DE ELECCIÓN FORMAL, QUE RESTRINGE LA DEMOCRACIA A UN VOTO QUE SE EJERCE CADA CINCO AÑOS, CON ESCASA CAPACIDAD POPULAR DE EXIGIR UNA EFECTIVA PARTICIPACIÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS GOBERNANTES, NOS ENCONTRAMOS EN UNA CLARA SITUACIÓN DE PLUTOCRACIA.
Detrás de esto está la estructura económica concentrante y excluyente, que lleva a que el 50% más pobre de la población reciba apenas el 15.8% de los ingresos, mientras que el 10% más rico acapara el 39.4% de los mismos. Se trata, vale la pena añadir, de una estructura incapaz de generar un empleo decente para todos, elemento que se refleja en el hecho de que cerca del 40% de los trabajadores no agrícolas están en condiciones de informalidad.
Si se hace referencia al hecho de que la democracia implica la autodeterminación y la práctica de la soberanía, también nos encontramos con importantes limitaciones. Es conveniente recordar, entonces, que el país solo ha podido operar en un esquema que necesita importar anualmente recursos financieros externos por un monto equivalente a cerca del 11.0% del producto interno bruto. Más aún, hemos tenido que importar al año cerca de $1,300 millones en alimentos, lo que significa una profunda ausencia de soberanía alimentaria.
Si entendemos, tal como lo afirma el Diccionario de la Real Academia Española, que la democracia es el “predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado”, nuevamente tenemos que concluir que Panamá está lejos de concretar las condiciones mínimas. Más allá de un sistema de elección formal, que restringe la democracia a un voto que se ejerce cada cinco años, con escasa capacidad popular de exigir una efectiva participación y la rendición de cuentas por parte de los gobernantes, nos encontramos en una clara situación de plutocracia. En esta, el orden electoral simplemente favorece a una partidocracia, la cual está financiada y controlada por los sectores económicamente dominantes, los que utilizan el poder político adquirido con sus recursos económicos para reproducir y profundizar el modelo concentrante y excluyente de la sociedad, con el fin de ampliar su acumulación de riquezas. A la vez, como cada vez se hace más claro, utilizan ese poder político para depredar al resto de la sociedad con la práctica de la llamada acumulación por desposesión, la cual se sostiene en la corrupción franca y abierta.
Si la democracia significa la libertad de palabra y el libre juego de las opiniones, nuestro país nuevamente muestra enormes carencias. En el plano ideológico, resulta más que evidente que los grandes medios de difusión de ideas muestran un alto grado de concentración en términos de la propiedad, la cual les entrega a los sectores dominantes un enorme poder, capaz, incluso, de generar efectos de despolitización y sumisión sobre la población afectada por el modelo concentrante y excluyente. A esto, se debe añadir un proyecto de educación, el cual, refugiado en el concepto de que la misma debe concentrarse exclusivamente en la formación de la fuerza de trabajo calificada, desprecia el papel fundamental que tienen los procesos educativos para formar ciudadanos activos, capaces de entender y defender sus derechos organizadamente.
En el plano de las ideas, se puede añadir la visión neoliberal, predominante en los anteriores y el actual gobierno, resulta efectivamente reacia a la democracia de amplia base social. Es así que Robert Barro, uno de los más importantes ideólogos del neoliberalismo, simplemente afirma que “mayores derechos democráticos crean una fuerte presión a favor de programas sociales de redistribución de la riqueza. Estos... disminuyen los incentivos a la inversión…, por lo que perjudican el crecimiento”. Se trata, desde luego, de un pensamiento fundamentalista, en la palabra de F. Hayek, la expresión justicia social “carece de sentido”.
A final de cuentas, se debe concluir que la democracia incluyente, deliberativa y con protagonismo popular sigue siendo en nuestro país un proyecto por construir.