Las mujeres de Panamá no pueden esperar

Por tercera vez, me presento ante esta Comisión como mujer y como representante del Estado, que tiene la obligación constitucional y moral de responder a las mujeres que han esperado mucho tiempo por igualdad, protección y oportunidades reales.

Esta comisión tiene frente a sí una decisión que define de qué lado de la historia quiere estar. Es decidir, si el Estado panameño seguirá reaccionando tarde a las desigualdades y a la violencia que viven miles de mujeres, o si asumirá, con valentía política, su responsabilidad histórica.

El proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de la Mujer es una respuesta a un problema estructural. Es la decisión de dotar al país de un mecanismo vinculante y transversal, con capacidad real de incidir en todo el aparato del Estado, para que la igualdad de oportunidades para las mujeres se convierta en una política pública, que se ejecute de manera efectiva, coordinada y exigible.

No se trata de discursos vacíos, estamos hablando de poder institucional para transformar realidades. El INAMU contará con autonomía, financiamiento protegido y con trazabilidad, para que cada recurso asignado a las mujeres tenga destino, seguimiento y resultados.

Esto se trata de gobernar con responsabilidad, de rendir cuentas y tomar decisiones serias.

Este proyecto establece una gobernanza técnica, con idoneidad, porque el país ya aprendió —muchas veces con dolor— que las políticas públicas improvisadas no cambian vidas.

El INAMU se sostendrá sobre datos, información, medición e indicadores claros. Porque, sin evidencia la política pública carece de validez, y sin evaluación no hay credibilidad.

Pero no perdamos de vista lo esencial: el territorio.

Esta ley fortalece la capacidad operativa visible del Estado en todo el país, ampliando la cobertura y mejorando el acceso real a la protección y a los servicios. No desde oficinas centrales, sino desde las comunidades, donde las mujeres viven, trabajan y resisten.

Y en este punto, quiero ser directa: las mujeres de nuestros campos, de nuestras comarcas y de los cinturones urbanos de pobreza, no pueden esperar más.

Como tampoco pueden esperar más las mujeres que denuncian violencia y no encuentran respuesta; no pueden esperar más las mujeres que sostienen hogares enteros sin ingresos dignos; no pueden esperar más las mujeres indígenas, rurales y afrodescendientes que sufren en silencio.

Cada día que este país posterga decisiones como esta, la desigualdad se profundiza y la violencia se normaliza. Y esto también es una decisión política.

Este proyecto no enfrenta a mujeres contra hombres. Todo lo contrario. Nos convoca a construir una sociedad donde el empoderamiento de las mujeres vaya de la mano con masculinidades positivas y libres de violencia y con la crianza responsable y amorosa. Porque, no hay paz social sin igualdad, ni desarrollo sostenible sin justicia de género.

Y hoy, quiero hablar con mucho respeto, al movimiento de mujeres que ha expresado rechazo, señalando este proyecto como un supuesto retroceso. A esas mujeres les digo: este no es el momento de enfrentarnos.

Este es el momento de pensar en nuestras mujeres campesinas, indígenas y en situación de pobreza. En las mujeres que viven violencia, sin protección efectiva. En las que no tienen voz en los debates públicos, pero sí cargan con las consecuencias de la inacción.

La crítica es legítima. El disenso es válido. Pero no podemos permitir que el discurso de oposición al cambio nos paralice, ni que se desconozca un esfuerzo serio por dotar al Estado de herramientas más fuertes para cumplir con su obligación, optimizando el uso de recursos.

Este proyecto no borra conquistas, no elimina derechos, no silencia al movimiento de mujeres. Por el contrario, mantiene espacios de participación, de fiscalización y de incidencia, cuando coloca a las mujeres organizadas como actoras clave en la gobernanza de la nueva institucionalidad.

Hoy no necesitamos trincheras. Necesitamos unidad, madurez política y visión histórica. Necesitamos entender que fortalecer al Estado para que funcione mejor no es traicionar la lucha de la mujer, es darle instrumentos para que esa lucha tenga resultados concretos en la vida de las mujeres que más lo necesitan.

Aprobar este proyecto es enviar un mensaje claro al país: que la Asamblea entiende la urgencia, asume su responsabilidad y está dispuesta a actuar.

¡No podemos esperar más! En Panamá las mujeres somos primero!