Justicia, economía y eficiencia estatal: ejes del discurso del presidente Mulino a la Nación
El analista político, Jaime Porcell, sostiene que lo que debe hacer el mandatario y su equipo es demostrar que su administración puede construir consensos.
José Raúl Mulino, presidente de Panamá. Foto: Cortesía
El próximo 2 de enero el presidente José Raúl Mulino se dirigirá a la Nación para dar un balance de su gestión y anunciar los temas que serán prioridad en el 2026. El mandatario, en sus conferencias semanales, ha dejado entrever que los ejes centrales de su discurso serán seguridad, justicia, economía y eficiencia estatal, temas a los que se ha referido en los últimos meses y se espera continúen en agenda a través de la presentación de varias iniciativas legislativas, entre las que destacan la normativa de sustancia económica, antimafia y reformas a la ley de contrataciones públicas.
Aunque poco se conoce de los cambios que implementará el Ejecutivo al Código Fiscal, la sustancia económica busca que las transacciones que se realicen en el país tengan un impacto real y tangible en sus finanzas, contribuyendo a su salida de listados discriminatorios; no obstante, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Jorge Rubio, considera que dichas modificaciones deben centrarse en fortalecer el sistema tributario local, evitando inconsistencias que pongan en riesgo la inversión y reputación a nivel internacional.
Señaló que se debe apostar por un nuevo modelo que aumente las recaudaciones, genere confianza, promueva la inversión y respete las "reglas claras del juego".
En materia judicial, el Gobierno trabaja en una normativa similar a la de países como Italia y Estados Unidos para agilizar el procesamiento civil o penal de personas vinculadas al narcotráfico.
"Estoy tratando de conseguir información y asesoramiento para crear en Panamá una ley antimafia similar a la que Estados Unidos implementó", dijo Mulino en su momento.
Aseguró también que a inicios del 2026 se conocerán las modificaciones a la ley de contrataciones públicas y comisiones evaluadoras, cuyo objetivo es mejorar el proceso de licitación estatal.
Sin embargo, los ajustes se dieron antes de lo previsto; ayer, martes, en Gaceta Oficial se publicó el Decreto Ejecutivo No. 326, que designa a Ricardo Adolfo Landero, Rosa Recarey Rodríguez y Zaira Santamaría Aguilar como magistrados principales y suplentes, respectivamente, del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas hasta el 28 de diciembre de 2029.
Los funcionarios fueron elegidos de una terna presentada por una comisión especial integrada por los ministerios de Seguridad, Presidencia y Economía.
El analista político, Jaime Porcell, sostiene que, más allá de los temas, lo que debe hacer el presidente y su equipo es demostrar que su administración puede construir consensos y prosperidad compartida porque su principal desafío será traducir su firmeza política en resultados tangibles para los panameños.