Abren proceso disciplinario a Policía que se esposó y protestó en Bocas del Toro
Policía Nacional investiga la denuncia de un cabo de etnia indígena al servicio de la estación de Almirante que aseguró ser objeto de supuestos maltratos verbales, y trato discriminatorio por parte de la sargento primero.
Policía se defiende y protesta frente a la estación donde brinda servicio. Foto/REDES
La Dirección Nacional de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Nacional abrió una investigación en contra de una sargento de la Zona Policial de Bocas del Toro por supuesto maltrato verbal en contra de un compañero.
El proceso responde a una denuncia presentada por un cabo de etnia indígena al servicio de la estación de Almirante que aseguró ser objeto de supuestos maltratos verbales, y trato discriminatorio por parte de la sargento primero.
La Policía Nacional advirtió mediante un comunicado, que lo actuado por la sargento primero atenta contra las normas establecidas en la Ley 18 de 3 de junio de 1997, específicamente a los dispuesto en la sección sexta que refiere sobre los deberes, derechos y prohibiciones en su artículo 110 numeral 4 y 9.
El comisionado Arquímedes Vargas, jefe de la Zona Policial de Bocas del Toro se refirió al incidente y aseguró que 'ningún superior está avasallando a la unidad femenina si no que se está atendiendo a una denuncia por escrito de un subalterno que se siente denigrado, abusado por la unidad femenina que es superior en rango a él'.
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Las declaraciones de Vargas se dieron luego que la sargento primero, uniformada, esposada y con un cartel en su pecho rechazara públicamente los señalamientos, y asegurara que se trata de una represalia por supuestamente negarse a 'complacer a un superior en un caso'.
'Por no complacer a los jefes en las mentiras, por denunciar a un capitán en la Fiscalía, porque no quería que yo anotara una novedad en un hurto', denunció la unidad de la Policía Nacional. 'Me abrieron une expediente amañado', insistió la sargento.
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La institución reiteró que el Reglamento Disciplinario de la institución contempla como 'falta gravísima de conducta', denigrar la buena imagen de la institución, lo cual puede ser sancionado con arresto no mayor de 60 días o la destitución.
La Dirección Nacional de Responsabilidad Profesional también adelanta una investigación disciplinaria internas por supuestos malos manejos de fondos públicos bajo responsabilidad de la unidad.
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