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Aplican diversas medidas cautelares para los detenidos durante la 'Operación Capibara'

Se realizaron audiencias contra una red de funcionarios y exfuncionarios que, presuntamente, negociaban nombramientos docentes mediante tráfico de influencias.

Redacción/provincias.pa@epasa.com/@panamaamerica - Actualizado:

Las audiencia de este caso se realizaron en Chiriquí, Bocas del Toro, Panamá Oeste y en la ciudad capital. Foto. PGN

Luego de varias horas de audiencia, un Juez de Garantías, ordenó la medida de notificación los días 15 y 30 de cada mes a tres docentes aprehendidos en el operativo “Capibara” en la provincia de Bocas del Toro, por supuesto tráfico de influencias en nombramientos en el Ministerio de Educación.

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Entre los presuntos implicados en este caso está uno de los dirigentes de la Asociación de Educadores Chiricanos (AECHI), quien junto a otras dos personas fue aprehendido por la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada.

El abogado de Juan de Dios Camaño dirigente de la AECHI, Abelino Bonilla, precisó que el Juez le informó que debe separarse del gremio magisterial mientras duren las investigaciones.

Bonilla explicó que la acusación es endeble y en los seis meses que hay para ampliar las investigaciones se demostrará la inocencia de su cliente.

Dijo que tienen un cúmulo de pruebas, evidencias y testigos contra la denunciante de este caso y que serán presentadas en el momento indicado

Por su parte, el dirigente magisterial de AECHI, Francisco Cedeño, indicó que cuentan con un excelente equipo legal para apoyar a sus compañeros.

Cedeño precisó que este caso es una patraña que busca silenciar a la dirigencia magisterial que estará en la defensa del país y sobre todo sobre el tema de la Caja de Seguro Social.

Cedeño destacó que se preparan para la marcha del próximo 17 de octubre en defensa de la Caja de Seguro Social. 

El viernes 11 de octubre en el marco de la operación “Capabara”, fueron aprehendidos siete docentes, exdocentes y particulares que, supuestamente, lograban nombramientos de educadores permanentes, temporales y en casos de licencias mediante influencias.

Las autoridades destacaron que las transacciones por el negociado de nombramientos alcanzaron hasta los 70 mil dólares.

Panamá Oeste

Por otra parte, en una audiencia de solicitudes múltiples celebrada en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste, la Jueza de Garantías Yorlenis Rodríguez, ordenó la detención provisional de una ciudadana.

La mujer fue imputada por los delitos contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias, y contra el orden económico por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, en perjuicio del Ministerio de Educación.

La Jueza consideró que la medida cautelar era proporcional a la gravedad de los hechos y a los riesgos procesales expuestos durante la audiencia, destacando la naturaleza grave de los delitos imputados.

Previamente, se legalizó la aprehensión y se formalizó la imputación de cargos por parte del Ministerio Público, representado por la fiscal Gisel Abrego, mientras que la defensa estuvo a cargo de un abogado particular.

Este caso se deriva de denuncias presentadas por el Ministerio de Educación entre los años 2023 y 2024, relacionadas con una red de funcionarios y exfuncionarios que, presuntamente, negociaban nombramientos docentes mediante tráfico de influencias.

Chiriquí

En Chiriquí, la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada logró la detención provisional para una persona y la condena de 60 meses de prision para otra, imputadas por tráfico de influencias, aprehendidas en la "operación Capibara. A ambos se le suspendió del cargo.

Ciudad capital

En la capital un Juez de Garantías del Sistema Penal Acustorio de Plaza Ágora, le imputó cargos a uno de los docentes aprehendidos en el operativo "Capibara" por supuesto tráfico de influencias en supuesto negociado de nombramientos en el Meduca.

El abogado del presunto implicado, Andrés Quijano informó que el Juez determinó que uno de los docentes quedara en libertad y no aplicó ninguna medida cautelar, ya que se demostró de manera contundente de su inocencia.

De acuerdo con el abogado defensor, el Ministerio Público no presentó pruebas contundentes en este caso.  

Quijano dijo que la fiscalía anunció que apelará la decisión, y la audiencia ha sido programada para el próximo 23 de octubre. 

 

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