Edificaciones de inicios del siglo pasado siguen representando un riesgo

El incendio registrado en la noche del pasado miércoles en dos caserones ubicados cerca de donde hubo otro siniestro el domingo, dejó 41 adultos y 8 niños sin hogar, los cuales fueron albergados en la sede de la junta comunal de Santa Ana.

El presidente José Raúl Mulino informó que estas personas pronto serán reubicadas en un hotel mientras se buscan las opciones para una solución permanente.

Las labores de extinción por parte de los bomberos se extendió hasta este jueves, por lo que se decidió mantener cerrada la Avenida Eloy Alfaro, próxima al inicio del Casco Antiguo, para que también se pudiera recabar información para la investigación de que causó el incendio.

La alerta del fuego fue recibida por los Camisas Roja a las 7:54 p.m. del miércoles y al lugar se apersonó en esa misma noche la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo; el director del Sinaproc, Omar Smith; y el coronel coronel Gonzalo Chan Gil, del Cuerpo de Bomberos, quienes fueron los primeros en hablar con los residentes afectados.

Debido a la magnitud del fuego se requirió la presencia de 120 bomberos de siete estaciones y se contó con el apoyo del Idaan, debido a la baja de presión de agua en el área.

La junta comunal de Santa Ana entregó ropa, colchones, frazadas y alimentación a las familias damnificadas.

Este es el tercer incendio en menos de una semana que se registra por esta área y, como siempre, la pregunta de que se está haciendo con estas casas condenadas o en mal estado, cobra vigencia.

Al respecto, Jaime Jované Castillo, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), dijo que ese es un tema que tiene que atender los gobiernos locales con las autoridades.

Especificó que el Miviot tiene que ver es con la solución de vivienda.

"Los dueños de la propiedad, si la casa está condenada, es el que tiene que ver con la autoridad competente, su demolición", indicó el ministro.

Sobre este mismo tema, el pasado lunes, el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, señaló a medios de comunicación que el Miviot está revisando el estado de los inmuebles condenados y se está notificado a los dueños de los terrenos, ya que son propiedad privada.

"En el momento en que no dan respuesta, el Miviot interviene y los costos que se incurran serán cargados a través de una marginal en el Registro Público a los dueños de propiedades que no respondan a las acciones de seguridad a la vida humana", expresó Méndez.

Una publicación del Cuerpo de Bomberos, del año pasado, indica que algunas de las estructuras de madera construidas a inicios del siglo XX para alojar a trabajadores del Canal de Panamá, todavía hoy se mantienen en pie y representan un riesgo.

Estas se ubican en El Chorrillo, Calidonia, San Felipe y Curundú y siguen habitadas por familias que, por motivos económicos o de arraigo, no se han trasladado a estructuras más seguras.