'Alcaldesa Peñalba necesitaba un permiso porque el monumento se estableció por ley'

A juicio del abogado Rolando Villalaz, la alcaldesa de Arraiján Stefany Peñalba necesitaba de un permiso o un acuerdo municipal para derribar el monumento de la comunidad china en el Puente de Las Américas, máxime que el mismo se estableció mediante una ley.

"Ella debió necesitar de un permiso porque ese monumento se estableció mediante una ley y al ser así, había unos parámetros que establecida aspectos relacionados con su conservación y su mantenimiento", dijo Villalaz en el programa de Julio Miller en Kw Continente

Lo anterior, continúa Villalaz "obligaba a que la autoridad regional a cumplir ciertos pasos previos antes de tomar una medida como esa que no estaban sustentadas única y exclusivamente, como se ha dicho hasta el momento, en una falla estructural que es lo que han sostenido y de no tomarse esa medida iba a causar perjuicios".

Para Villalaz esta polémica ha escalado a "situación de carácter administrativo a tal punto que se ha convertido en un escenario de carácter internacional porque hasta la embajadora estuvo en el área observando la destrucción del monumento".

En este sentido, Villalaz sostiene que "el gobierno tiene que intervenir porque no puede dejar que eso se salga de los parámetros correspondientes".

Por su parte, el abogado Ángelo Madrid considera que en ese hecho "hay dos posibles irregularidades, la administrativa y contra la administración pública, en este caso por posible abuso de autoridad en su artículo 355, además del daño contra el patrimonio histórico artículo 232".

Madrid recordó que los alcaldes trabajan conjuntamente con los concejales y se tienen que dar los acuerdos municipales que faculten para un acto administrativo. "Ella tiene que ver si no existe connotaciones que afecten a la sociedad porque esto ha sido un hecho de impacto nacional".

De acuerdo al abogado, lo que procede desde el punto de vista leal, es hacer una investigación, ir al área, recabar información, hacer el peritaje, llamar a las partes pedir documentación administrativa y recopilar los insumos jurídicos.

"Que inicie la investigación porque hay una nación preocupada y es una noticia criminis pública y si no se actúa de oficio, apaguen la luz y vámonos", sentenció.

En la misma línea, la Embajada de la República Popular China en Panamá exigió una investigación exhaustiva por este hecho.

En una declaración solemne, la representación diplomática manifestó su profunda consternación e indignación por una acción que, según señaló, se ejecutó sin previo aviso ni comunicación con las asociaciones chinas del país, y pese a la oposición expresa de miembros de la comunidad chino-panameña presentes en el lugar. 

Para la Embajada, lo sucedido va más allá de un procedimiento administrativo. Se trata de un golpe directo a la memoria histórica y a los sentimientos de más de 300 mil chino-panameños, que forman parte del tejido social del país desde hace 171 años.