Moratoria es un paliativo, no condonación de deuda

El presidente Laurentino Cortizo anunció un acuerdo con los bancos muy ventajoso para la población y dijo que vetó, parcialmente, tres proyectos de ley que contienen una moratoria de pagos a las escuelas particulares, busitos colegiales, municipios y a la CSS, además del congelamiento de precios de algunos productos.

Laurentino Cortizo anunció que acordó con la Asociación Bancaria Nacional el congelamiento de préstamos hasta el 31 de diciembre próximo, siete meses más de lo que plantea el proyecto de ley 287.

Y afirmó que vetó parcialmente tres proyectos, entre ellos el 287, el cual se discutirá nuevamente en sesiones extraordinarias.

Aunque no se precisó cuáles artículos fueron vetados, el 287 plantea la suspensión por 90 días prorrogables de las obligaciones y términos sobre los compromisos tributarios nacionales y municipales y el pago y retención de las cuotas obrero-patronales de la Caja de Seguro Social.

Este proyecto plantea también la suspensión, por igual término, del pago de las mensualidades de escuelas particulares y del transporte colegial privado. Además, fija un control de precios sobre artículos de higiene, limpieza y medicamentos para humanos y animales.

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Y luego del anuncio de Cortizo, hay quienes advierten que esta medida no significa que los panameños no deben asumir sus responsabilidades.

Arturo Fletcher, del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), dijo que esto es solo un paliativo y los panameños no deben verlo solo desde el punto de vista bancario, sino como un conjunto de medidas del Ejecutivo y la Asamblea Nacional para contrarrestar la crisis por el COVID-19.

Añadió que todo el que pueda pagar, debe hacerlo, porque esto contribuirá a crear un balance para el sistema bancario.

El sector agropecuario se ha visto beneficiado con este acuerdo y el dirigente de los productores, Augusto Jiménez, dijo que sus colegas tienen que tener presente que esto no es una condonación.

Es necesario que los compromisos sean asumidos por los panameños en el momento en que puedan, ya que en la medida en que no se asuman, se podría poner en riesgo su garantía hipotecaria, manifestó Jiménez.

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Para los productores que trabajan con la banca agropecuaria, señaló Jiménez, quizás se sientan un poco holgados, porque los intereses son más flexibles, pero igualmente hay que afrontar las responsabilidades.

Aimeé Sentmat, presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, indicó que esta medida no actúa de forma automática, porque lo que busca es ayudar a los clientes afectados por la pandemia. Por ende, sugirió a quienes tienen préstamos, que llamen a los bancos para encontrar mecanismos de soluciones sobre sus pagos, e incluso hasta de más largo plazo.

Una persona que mantiene su trabajo y no ha visto mermados sus ingresos, debería seguir pagando y no solo a los bancos, sino a todos, agregó.

De igual forma,

recordó que los recursos financieros son finitos y que no hay país que pueda hacerle frente de manera infinita a los alivios, por lo que los colaboradores que tienen sus fuentes de ingreso seguras, deben ser responsables.

El acuerdo del Gobierno con la banca, señala también que durante el resto de este año, ningún panameño afectado por el COVID-19 perderá su casa.

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Además, no se ejecutarán garantías hipotecarias residenciales de clientes afectados, cuyos préstamos han sido prorrogados por afectaciones relacionadas a la pandemia.

Por otro lado, el diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático, Leandro Ávila, dijo que Cortizo debió tomar en cuenta el proyecto de ley 295 porque fue presentado en conjunto por más de 40 diputados, casi todos los del PRD, y otros de oposición.

Esto permitiría, según Ávila, que los panameños pudieran sufragar otros gastos que en este momento son importantes y no estén preocupados por los cortes.

Cortizo también avaló el artículo 6 del proyecto de ley 287, que dispone, que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) adoptará medidas con los prestadores de servicios públicos para que a las radioemisoras, se les otorgue una moratoria en el pago de sus obligaciones por 90 días prorrogables.

Igualmente, Cortizo dijo que se seguirán atendiendo todos los subsidios del Estado, que suman 1,600 millones de dólares anuales.

Entre estos el de la Caja de Seguro Social, la Red de Oportunidades, 120 a los 65, Beca Universal, Ángel Guardián, el pasaje del Metro de Panamá y el de agua potable.

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