Varela y su macabro esquema de persecución política en contra de exfuncionarios

Recientes revelaciones sobre cómo se "armaron" en la Presidencia casos en contra de exfuncionarios del gobierno anterior confirman que la gestión del presidente Juan Carlos Varela centró su tiempo y recursos en la persecución política, en lugar de tratar de cumplir las promesas electorales que le llevaron al poder.

VEA ADEMÁS: Caso David Cosca: 'En la habitación 48 del hotel El Panamá se hospedaron unas monjas'

Con un esquema sin precedente en la democracia reciente del país, a partir de 2014 el presidente Varela otorgó superpoderes al jefe del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Rolando "Picuiro" López, desvirtuando la naturaleza legal de esta entidad y convirtiéndola en su oficina de espionaje, desde donde se impulsó un plan macabro de persecución y amañamiento de expedientes en contra de adversarios.

El 9 de septiembre de 2018, Panamá América volvió a revelar detalles de cómo se orquestó un plan -por ejemplo- para involucrar al expresidente Ricardo Martinelli y a los exfuncionarios Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, en el caso de los supuestos pinchazos telefónicos.

Luego se daría una seguidilla de revelaciones públicas y retractaciones de testigos y figuras clave en este caso, que vendrían a confirmar entregas periodísticas de los últimos cuatro años, que alertaban sobre la existencia de una agrupación ilegal denominada "La Taquilla".

LEA TAMBIÉN: Sí hubo una fiesta en la habitación reservada por el padre David Cosca

Algo que el abogado Sidney Sittón (parte del equipo legal de Martinelli) ha denominado como "organización criminal" que operaba desde Presidencia.

Se trataba de un grupo con el aval del mandatario de la República, conformado por fiscales, abogados, funcionarios y militares. Es decir, "delincuentes bendecidos por el varelismo", agrega Sittón.

Esta estructura sin fundamento legal, pero con amplios poderes, tenía como misión armar casos penales a adversarios.

Hasta hora se sabía que funcionaba bajo el trabajo de espionaje de Rolando "Picuiro" López, que a su vez facilitaba datos de "investigaciones" a la procuradora general de la nación, quien era parte fundamental de este engranaje.

"Cómo ha cambiado la procuradora Kenia Porcell de Alvarado: de una académica estudiosa y objetiva a una figura quemada, desprestigiada y 'utility' de militares", señaló ayer la abogada Alma Cortés.

No obstante, una reciente información publicada por el diario La Estrella de Panamá agrega que en la "coordinación" de esta estructura ilegal, además de "Picuiro" López, estaba el abogado personal del presidente Varela, Rogelio Saltarín, quien actualmente aparece en la lista de 20 candidatos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Su firma, Saltarín Arias & Asociados, Auditores Jurídicos, fue beneficiada con un jugoso contrato de 18 meses para "asesoría externa" de la Presidencia, a fin de "recaudar pruebas" que terminarían en los expedientes del MP.

"Saltarín pierde toda credibilidad e imagen de independencia. Ya con eso es suficiente para que jamás sea mencionado cerca de la Corte Suprema ", advirtió el abogado Rolando Mirones.

Todo esto confirma que el interés prioritario de Varela al asumir el poder era perseguir, en lugar de gobernar para el beneficio de todos los panameños.

"Pero ya verán que Varela se limpiará diciendo que desconocía lo que hacían en La Taquilla", vaticinó Alma Cortés.