Cinco condenas por casos de albergues infantiles y 27 carpetas en fase de investigación
El Fiscal Superior de la Sección Especializada en Familia, Aurelio Vásquez, indicó que de este total cinco personas fueron condenadas, de estos tres hombres y dos mujeres.
Unas 27 carpetas por casos por supuestos abusos de menores en albergues se encuentran en la fase de investigación. Foto: Archivos
Entre el 2017 hasta el 2021, la Sección Especializada de Familia y en la Fiscalía Anticorrupción han tramitado un total de 31 carpetas en la investigación tras escándalo de abusos en albergues de menores de edad.
El Fiscal Superior de la Sección Especializada en Familia, Aurelio Vásquez, indicó que de este total cinco personas fueron condenadas, de estos tres hombres y dos mujeres.
Vásquez indicó que del total de condenas, tres fueron por delitos sexuales y dos por maltrato al menor.
A la fecha, otras 27 carpetas se encuentran en la fase de investigación, indicó este miércoles el Fiscal Superior de la Sección Especializada en Familia, Aurelio Vásquez.
Algunas de estas últimas se encuentra en fase intermedia, en un trámite específico y eventualmente se tomará una determinación en cuanto a la acusación formal por presentarse, aseguró Vásquez.
El caso de los albergues involucra investigados por delitos contra la administración pública, agresión sexual y por delitos de maltrato al menor.
Las investigaciones están en curso dentro de los límites legales, respetando el derecho de defensa y la presunción de inocencia, indicó Vásquez.
La denuncias presentadas tras una investigación de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional que revelaba abusos y maltratos a menores de edad en albergues, causó indignación en la sociedad.
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Las irregularidades en los albergues de menores en riesgo social acaparó también un reciente informe presentado por la Defensoría del Pueblo.
Según el propio defensor, Eduardo Leblanc González, el 34% de los 52 albergues inspeccionados por esta entidad presentaban anomalías, que van desde la falta de fiscalización por parte de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y pocos cuidadores.
Igualmente, la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por el perfil de las personas que tienen a cargo el cuidado de los menores de edad en estos sitios.
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