Denuncian a fiscal Kira Tascón por simulación de hecho punible
La denuncia fue presentada por el abogado Raúl Ossa de la Cruz por simulación de hecho punible y falsedad en actuaciones judiciales en contra de César Augusto Herrera Robles.
El fiscal cuarta anticorrupción, Kira Tascón. Captura de pantalla TVN
Una denuncia criminal ante la Procuraduría General de la Nación interpuso el abogado Raúl Ossa de la Cruz en contra de la abogada y fiscal cuarta anticorrupción, Kira Tascón, por simulación de hecho punible y falsedad en actuaciones judiciales en contra de César Augusto Herrera Robles.
De acuerdo a la denuncia, la fiscal incurrió en presuntos delitos de abuso en el ejercicio de sus funciones oficiales, falta de cumplimiento de sus deberes, delitos contra la administración de justicia y la administración pública, delitos contra la fe pública (falsificación de documentos) y falsedad ideológica, calumnia en actuaciones judiciales y falso testimonio, entre otros.
La Fiscalía Cuarta Anticorrupción, en octubre de 2018, sin tener en su poder ninguna prueba e informe que le sirviera de sustento probatorio, imputó cargos por Delitos contra la administración pública a César Augusto Herrera en el caso de la compensación de los "buses diablos rojos".
Sin embargo, la fiscal no tomó en cuenta el informe elaborado por Auditoría de la Contraloría de 2014, el cual concluyó y determinó que no existió ninguna lesión patrimonial. De igual forma, tampoco tuvo acceso al informe que ella misma solicitó y fabricó en el 2018 ya que este no había sido remitido por la Contraloría a ninguna agencia, incluyendo la Fiscalía Cuarta Anticorrupción.
La fiscal recibió el nuevo informe, dos meses después de dictar la medida a Herrera y en la hoja de presentación en el punto 1.4, referente al lugar de los hechos, los auditores ratificaron que el informe fue confeccionado en la ATTT de Los Pueblos 2,000 y en la fiscalía anticorrupción del edificio Avesa.
Esta acción de la Fiscal Tascón, según la denuncia, es violatoria al debido pro ceso y a los derechos y garantías constitucionales, incurriendo en el delito de simulación de hecho punible y calumnia en actuaciones judiciales.
La fiscal Tascón, además, dictó una orden de detención preventiva, creando una falsedad para encarcelar a César Augusto Herrera, de forma arbitraria y abusiva a través de la implantación de una prueba fabricada y faltando a la verdad, dado que el cheque No. 9194 de 10 de octubre de 2012, fue confeccionado a nombre de Enrique Núñez Domínguez y la fiscal adujo que el mismo estaba destinado al señor Herrera, el cual supuestamente tramitó y cobró, lo que era totalmente falso.
En el expediente Tascón señaló, falsamente, que copia autenticada del mencionado cheque estaba en su poder con el endoso a nombre de César Herrera, lo que era completamente falso y ordenó su detención violentando el código penal y el código procesal penal. Bajo el conocimiento de que la medida de detención era excesiva y desproporcionada, dictó una medida afectando la libertad y honra personal; sin pruebas que documenten la relación del vinculado.
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La denuncia sostiene que la Fiscalía Cuarta Anticorrupción de Descarga en clara violación utilizó pruebas fabricadas para crear una conducta delictiva y detener y encarcelar a César Herrera.
La Fiscal Cuarta, con el informe de 2014, como único fundamento probatorio argumentó supuestos faltas en el trámite de los cupos, que en la realidad judicial no constituyen delito; pues cumplen con los requisitos de la ley y las disposiciones del procedimiento de pago, en un proceso circunscrito al ámbito legal de las esferas administrativas y ejecutivas del Estado.
La fiscalía para eliminar el informe de la Contraloría del 2014, acusa a los auditores de confeccionar dicho informe y los lleva a juicio; luego de un proceso el Juzgado Sexto los absuelve y el Segundo Tribunal Superior ratifica la sentencia absolutoria, reconfirmado la validez del informe del 2014.
El 5 de abril del 2016, el Tribunal de Cuentas utilizando el informe del 2014 ordenó el cierre del proceso y archivo del expediente que llevaba contra 3 funcionarios de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
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