Doble rol y maniobras con el ITBMS abrieron paso al fraude

El Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), una de las principales fuentes de ingresos del Estado, se habría convertido, según las investigaciones del Ministerio Público (MP), en la puerta de acceso a la manipulación de créditos fiscales en la Dirección General de Ingresos (DGI).

Las pesquisas revelan que la alteración del sistema informático e-Tax 2.0 fue obra de una red criminal integrada por ciudadanos que, al momento de los hechos, eran funcionarios de la entidad y posteriormente fueron desvinculados, entre los que destaca Lupo González, un exauditor y analista, acusado de presuntamente utilizar ambos roles para anular, modificar y ajustar la información contenida en esta plataforma en perjuicio de los contribuyentes.

González, explicó la Fiscalía durante la audiencia de apelaciones, dejaba sin efecto las declaraciones, modificaba los códigos ITBMS con compras excesivas y ventas mínimas, realizaba cambios sin respaldo de documentación ni memoriales internos y emitía pagos, pues su usuario y contraseña quedaron registrados como la fuente que transfería a empresas intermediarias créditos superiores a los 70 millones de dólares que luego fueron vendidos al BAC International Bank.

Además, efectuaba acciones que no eran solicitadas por los usuarios ni formaban parte de sus funciones, como analizar boletas de ITBMS por más de 46 mil dólares, ingresar información de los contribuyentes al sistema y transferir créditos a terceros para su posterior comercialización.

El doble rol que desempeñaba el exfuncionario de 67 años, a juicio del fiscal especializado contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, facilitó la manipulación de información de sociedades que se presume desconocían que tenían estos créditos a su favor, pues no habían sido revisados por un tiempo.

Las operaciones recurrentes de González refuerzan la teoría de que detrás de este esquema hay una red criminal; por ello, Márquez solicitó que se revoque la medida de detención domiciliaria otorgada por la jueza de garantías, tomando en cuenta sus padecimientos de salud, por prisión preventiva, para evitar que ponga en riesgo la investigación.

La parte defensora alegó que su cliente no fue auditor y analista al mismo tiempo, como hace ver el MP; inició en el departamento de cuentas de la DGI como auditor y posteriormente fue descendido a analista hasta que lo trasladaron al Ministerio de Comercio e Industrias.

Afirmó que González no tenía acceso al sistema e-Tax 2.0; por tanto, no pudo manipular los créditos fiscales, y pidió al Tribunal mantener las medidas impuestas que incluyen, además de la detención domiciliaria, la prohibición de acercarse a la DGI y la aplicación de un brazalete electrónico.

El exservidor público detalló, en el acto de audiencia de apelación, que ingresó a la entidad el 20 de septiembre de 2020 en el cargo de supervisor; cuatro años después fue asignado como analista para la plataforma en el área de servicio al cliente, y en mayo del año 2025 pasó a ser auditor fiscal, subrayando no tener acceso al sistema de las declaraciones de ITBMS.

La decisión del Tribunal, conformado por los magistrados Frank Torres, Carlos Barragán y Greta Marchosky, se conocerá hoy, jueves, a las 2:00 de la tarde.

Causa compleja

El procurador de la Nación, Luis Gómez Rudy, indicó, en un programa radial local, que las expectativas en este caso son altas; por ello, las investigaciones continuarán, cumpliendo con el plazo de 8 meses otorgado por las autoridades, hasta dar con los responsables del hecho.

"En ningún caso que tramita el Ministerio Público hay intocables. Aquí se investigan hechos que puedan constituir delitos y lograr vincular a las personas que los hayan cometido para presentarlos ante los tribunales y que sean estos los que establezcan la responsabilidad penal o no de esos sujetos", expresó.