Empresarios y políticos, ligados a escándalo de supuestos abusos y maltratos a menores de edad en albergues

Políticos de alto perfil, empresarios, funcionarios y exfuncionarios públicos estarían vinculados a las investigaciones que se siguen por abusos y maltratos cometidos en algunos albergues contra menores, confirmó una fuente vinculada a este caso penal.

Esta información surge en momentos en que las diputadas de la comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional (AN) entregaron nuevos hallazgos al procurador interino, Javier Caraballo, sobre supuestos abusos a menores en algunos albergues.

Específicamente se trata de tres casos nuevos de supuestos abusos sexuales a menores de edad ocurridos en albergues de Panamá.

"Hemos recibido, de casi 400 páginas, tres casos de hallazgos nuevos que nos llegaron a la Comisión de Familia sobre abusos sexuales a menores ocurridos en albergues. Les dimos los detalles al procurador encargado", dijo la diputada Zulay Rodríguez.

En su encuentro con el procurador Caraballo, las diputadas le solicitaron que haya certeza del castigo y que no permita una justicia selectiva dentro de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público (MP) por este caso.

Otra de las diputadas que dio su punto de vista sobre los nuevos hallazgos fue Ana Giselle Rosas, quien indicó que lo importante es que la Comisión de la Mujer de la Asamblea, sigue recibiendo denuncias, ya que en muchas ocasiones las personas no tienen la tranquilidad de que las mismas se investiguen de manera rápida.

"Estamos hablando de menores de edad que todavía están en situaciones que no están siendo verificadas", sentenció.

Agregó que es importante que las pruebas de estos nuevos abusos se mantengan y "que aquí realmente caigan los responsables que tienen que caer", expresó.

VEA TAMBIÉN: Panamá ha colocado 224,765 dosis de la vacuna contra la covid-19 de las 287,680 recibidas

Ayer, las diputadas presentaron tres denuncias adicionales al informe que entregaron hace algunas semanas al exprocurador, Eduardo Ulloa, el cual recogía otro tipo de hallazgos encontrados en unos 14 albergues del país.

"Es importante reconocer la importancia de que aquí se atienda de manera pronta esa situación... nos habló el procurador de que se ha logrado adelantar la fecha de la audiencia, eso es importante porque aquí debe haber certeza del castigo y nosotros como diputados estar vigilante de que así se cumpla", enfatizó.

Una fuente a lo interno del MP confirmó a este medio que la audiencia contra una persona involucrada en investigaciones por el caso de los albergues, se adelantó para el próximo 21 de julio de este año.

En su momento, el exprocurador general de la Nación informó que dicha audiencia se había programado para el año 2023.

Al ser cuestionada sobre los llamados "peces gordos" en este caso, la diputada Rosas explicó que responsablemente ellos no pueden dar nombres porque se vicia la investigación, sin embargo, dijo que le reiteraron a Caraballo de que dentro de este proceso "no puede haber la sensación de que aquellos que tuvieron antes no tienen responsabilidad".

Frente a esto, reiteró que todas aquellas personas que estuvieron al frente de instituciones como el Mides y la Senniaf dentro del tiempo que se ha presentado la denuncia, deben rendir indagatorias de sus acciones y omisiones dentro de sus funciones como servidores públicos.

"Aquí es importante entender que el Mides y la Senniaf tenían que atender lo que le correspondía de manera administrativa, el no haberlo hecho de manera oportuna permitió que niños fueran abusados sexualmente", dijo Rosas.

Quien también dio su punto de vista luego del encuentro con el procurador Javier Caraballo, fue la diputada independiente Walkiria Chandler, quien señaló que ellas como parlamentarias quieren realmente  ver acciones y no solo con las personas de mandos medios.

En cuanto a qué ha pasado con los niños que fueron víctimas de supuestos abusos, Chandler señaló que dicha información no les fue brindada ayer durante la reunión con el funcionario público.

“Tuvimos esta reunión con el procurador quien nos pide confianza, ya que él tiene menos de 15 días en el cargo, pero como bien lo han manifestado mis colegas, aquí nos vamos a mantener vigilantes, no queremos cortinas de humos, ya que se nos dicen que tenemos cinco imputados, pero todos son de medios mandos  y bajos. Aquí lo que queremos es certeza del castigo”, reiteró.

De forma clara, Chandler señaló que  lo que quieren  es que haya  certeza de castigo, “independientemente  de quiénes sean, políticos, económicos o familiarmente protegido”.

Fiscalía especialOtra de las solicitudes que le hicieron ayer al procurador interino, Javier Caraballo, fue la creación de una fiscalía especial para tratar estos casos.

Ante esto, Chandler señaló que esta solicitud la hace toda vez de que dentro de este proceso se está hablando de tres supuestos delitos cometidos.

“Aquí tiene que estar la Fiscalía de Familia por el tema de abusos a menores, la Fiscalía Anticorrupción porque puede haber peculado por el mal manejo de los subsidios y también omisiones por parte de la las autoridades, esto lo pedimos porque no queremos que se siga dilatando”.

La diputada independiente enfatizó que el tema se tiene que llevar de la mejor manera, ya que todavía hay menores de edad en estos albergues.

VEA TAMBIÉN: PIN de seguridad del vale digital se utilizará a partir del 15 de abril

Por su parte, la diputada Kayra Harding manifestó que le solicitaron a Caraballo que les designe a fiscales de familia para trabajar en la creación de una ley integral de protección para menores de edad.

“El próximo miércoles 17 de marzo tendremos una reunión por este tema  y el procurador indicó que enviará a dos fiscales de la más alta representación del Ministerio Público para aportar en la construcción de esta gran Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes” puntualizó.

Inspección en Senniaf

La mañana de ayer, funcionarios del MP realizaron una diligencia de inspección ocular en las instalaciones de la Senniaf como parte de la investigación por la presunta comisión de diversos delitos e irregularidades  cometidos contra menores de edad en algunos albergues del país.

Dicha diligencia se da a casi un mes  de que la Asamblea reveló un informe con irregularidades dadas  en algunos albergues.