La Corte debe resolver inconstitucionalidad de la condena en New Business

Tras la culminación de la audiencia ordinaria del caso Odebrecht, han quedado en el tintero varios temas que deben resolverse antes de que la jueza Baloisa Marquínez emita su sentencia para garantizar a todos los involucrados un proceso transparente y equitativo.

Uno de ellos es la demanda de inconstitucionalidad contra la resolución indagatoria No. 1 del 30 de junio de 2020 dictada por el fiscal Emeldo Márquez en el caso New Business, proceso por el que se condenó al expresidente Ricardo Martinelli a 10 años y 8 meses de prisión por supuesto blanqueo de capitales.

Esta condena se hizo pese a que, hasta la fecha, Martinelli sigue amparado por el Principio de Especialidad con el que fue extraditado desde Estados Unidos, recurso legal que establece explícitamente que no puede ser juzgado por ningún otro delito que no se encuentre en el petitorio de extradición.

No obstante la especialidad se desatendió, por ello es crucial que la Corte Suprema de Justicia resuelva la acción legal presentada por su representante legal hace más de un año para que la decisión de Marquínez se ajuste a derecho.

Versados en el tema han mencionado que la resolución indagatoria contra Martinelli transgredió los artículos 4 y 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, que establecen que el Estado debe acatar las normas del derecho internacional y que nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria.

Dicha sentencia, según el jurista Dani Vásquez Atencio, incurre en varios errores porque la autoridad aplicó la excepción al Principio de Especialidad sin sustentar las razones de su decisión, sometiéndolo a un proceso "orquestado por enemigos políticos que usaron el poder para tergiversar y aplicar las leyes a su conveniencia".

La demanda de inconstitucionalidad contra el fallo del caso New Business, de acuerdo con el letrado Carlos Carrillo, permitirá aclarar también la confusión que existe en torno a la necesidad del contrainterrogatorio porque la Corte tiene que decidir si a una persona se le puede condenar con base en la declaración de testigos que no comparecieron al Tribunal.

"Sería conveniente que ahora que se vuelve a discutir el Principio de Especialidad, la corte definiera el tema", puntualizó.

Señaló que, aunque no han recibido ninguna notificación de la entidad, espera que su respuesta se dé antes del plazo que otorga la ley a la jueza del caso Odebrecht para que en este litigio se le respeten las garantías que le fueron negadas a su cliente en New Business.

El abogado reiteró que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) es el único ente facultado, según la Constitución, para acreditar el levantamiento de este Principio a Martinelli y ya certificó que no ha recibido ninguna solicitud al respecto de la Fiscalía Especializada Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación ni de la Fiscalía Primera Especializada contra el Crimen Organizado; por lo tanto, las autoridades judiciales están incurriendo en una violación a sus derechos.

Agregó que la defensa apuesta porque al exmandatario se le respeten todas sus garantías; ello incluye el Principio de Especialidad, derecho a la contradicción y demás nulidades que fueron invocadas en el acto de audiencia porque no ha sido vinculado a ningún hecho ilícito relacionado con el patrimonio del Estado.

"Mal puede acusársele de blanqueo derivado del delito de peculado", sentenció.