Leonardo Labrador y Ana Lorena Chang, en apuros con la justicia y podrían enfrentar entre 15 y 23 años de prisión

El doctor Leonardo Labrador imputado de cargos por los delitos contra la salud pública y corrupción de servidores públicos, por el caso de los hisopados, enfrentaría una pena de cárcel hasta de 23 años, mientras que su esposa, Ana Lorena Chang, pagaría 15 años de prisión.

Por su parte, la tecnóloga médica, Carmen Arosemena, imputada de cargos por el delito contra la salud pública, en calidad de cómplice primaria pagaría hasta 15 años de cárcel.

Dentro de los elementos de convicción presentados por el fiscal Omar Jaén, de la Fiscalía Anticorrupción, se estableció que la empresa médica Sermedic, propiedad de los doctores Labrador y Chang, no contaba con los permisos respectivos del Ministerio de Salud para funcionar cómo laboratorio de hisopados.

Incluso se pudo conocer que la empresa Sermedic, luego de haberse iniciado la investigación por este caso en agosto pasado, continuó realizando hisopados hasta el 28 de enero de 2022.

El fiscal Jaén también indicó que de enero del año pasado hasta enero de este año 2022, Sermedic realizó un total de 388 pruebas de hisopados y que los resultados de la misma eran registrados por Arosemena, quien contaba con la autorización del Minsa para hacer está labor.

Además, se dejó establecido por parte del Ministerio Público que Arosemena fue la persona que realizó la solicitud por parte de Sermedic al Minsa para funcionar como laboratorio para pruebas de hisopados.

Además de esto, se señaló que la conducta de Ana Lorena Chang, no fue "apropiada" y que Sermedic además de realizar hisopados en su sede en Costa del Este, también lo hizo en cinco hoteles de la localidad y en la Playita de Amador, para los viajeros a Taboga e Isla Contadora.

"Ana Lorena Chang fue quien habló con una propietaria de estos hoteles y le propuso que pusieran un centro de hisopados para los turistas, esto luego de presentarse al mismo con personal del Minsa", explico el funcionario.

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Otro punto que se tocó en la audiencia fue que Labrador habló con los propietarios de los barcos que viajan a Taboga y Contadora y les indicó que Sermedic era la única empresa autorizada para hacer los hisopados a los viajeros.

"Labrador se benefició de un decreto que incluso ni siquiera había firmado el presidente Laurentino Cortizo y además realizó reuniones vía zoom con los dueños de los barcos antes de que el mismo fuera publicado en Gaceta Oficial después de su debida promulgación", enfatizó.

Además, se informó en la audiencia que Sermedic nunca pagó la suma de 300 dólares que se había acordado con una de las empresas que funciona en la Playita de Amador, lugar donde se hacían los hisopados a los pasajeros.

También se indicó que en enero pasado, personal de Sermedic se negó a que realizarán una inspección en sus instalaciones y que nunca pudieron aportar que contaban con los permisos para poder realizar las pruebas de hisopado.

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Sumado a esto, se manifestó que Chang le pidió a una subalterna suya del Minsa que borrara de los registros de la institución el nombre de Sermedic y que pusiera que se trataba de un laboratorio privado.

Esta orden dada por Chang a su subalterna fue de carácter verbal.

Igualmente, se conoció que la funcionaria va a portar está información cómo prueba dentro de esta investigación penal.

El fiscal también manifestó que la tecnóloga les indicó que por la realización de estas pruebas se ganaría un porcentaje de dinero, algo que había acordado con la pareja de doctores Chang y Labrador.

Más pruebas

La Fiscalía Anticorrupción en el acto de audiencia también indicó que en una reciente inspección que sí pudieron realizar en Sermedic, se encontraron muestras de antígenos y utensilios para su traslado, los cuales van a ser aportados como pruebas.

Luego de escuchar a las partes, la juez de garantías, Marisol Ortíz, declaró legal la aprehensión de Chang, Labrador y Arosemena, les hizo la debida imputación de cargos por los delitos contra la salud pública y por corrupción de servidores públicos.

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En el caso de Labrador le impuso la medida de detención provisional, mientras que para Chang y Arosemena depósito domiciliario. A la tecnóloga igualmente se le suspendió para ejercer cargos públicos.

Ortiz calificó de graves los hechos por los cuales estos tres exfuncionarios están siendo investigados y que le llama la atención que el Minsa le permitió a Sermedic seguir operando después de haberse denunciado estos hechos.

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