Peso de la ley podría caerle a funcionarios públicos que paralicen obras del Estado

La paralización de obras del Estado, sin ningún tipo de justificación, podría acarrear sanciones penales para aquellos funcionarios que caigan en este tipo de actuaciones.

La Asamblea Nacional (AN) de diputados aprobó recientemente un proyecto de ley enfocado en sancionar a aquellos funcionarios que sin ningún tipo de justificación paralicen obras del Estado que podrían ser de beneficio para todos los panameños.

Esta iniciativa de ley fue presentada por la diputada del Partido Cambio Democrático (CD), Mayín Correa, y fue aprobada recientemente en tercer debate, por lo que resta ahora que el mismo sea refrendado, rechazado o vetado total o parcialmdnte por el presidente Laurentino Cortizo Cohen.

Esta iniciativa de ley surgió luego de que en el gobierno de Juan Carlos Varela se paralizaron un sinnúmero de obras, sin ningún tipo de justificación, entre las que había siete hospitales, que hubiesen sido de gran ayuda frente a la pandemia de la COVID-19 que afecta a Panamá y al mundo.

Por su parte, el abogado Alfonso Fraguela, indicó que la aprobación en tercer debates de este proyecto de ley le envía un mensaje a la clase política de que las actuaciones que desarrollen en sus funciones tienen connotaciones penales.

"Esto tiene un buen mensaje, que si no hacen buen uso como un buen 'pater familia' de los bienes dados en custodia mientras ejercen la administración pública, entonces tendrán que responder penalmente y civilmente con los dineros y bienes personales por no haber hecho uso correcto de los bienes públicos".

El jurista agregó que estas son disposiciones que el Código Penal contempla frente a las actuaciones que deben darse y esta ley podría controlar en cierta forma las actuaciones futuras que se puedan dar.

"Hay que estar claro en que esta ley estaría vigente a partir de su promulgación, por lo que de allí en adelante empezaría a regir y no tendría carácter retroactivo para todos los casos que se aprobaron antes de la aprobación de la ley", explicó.

Fraguela agregó que hay que mandarle un mensaje de la ciudadanía a quienes nos gobiernan de que deben hacer un uso correcto de los dineros públicos.

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"Son dineros públicos, no son dineros de ellos, no es su salario, no son los ahorros de su familia, es el ahorro del pueblo panameño y ellos tienen que responder penal y civilmente y espero que estas modificaciones al Código Penal tengan el apoyo del presidente, que es a quien le va tocar en su momento sancionarla, me parece muy interesante esta propuesta y manda un mensaje de que los dineros del pueblo se respetan", puntualizó el abogado.

Igualmente, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Crispiano Adames, presentó en la Asamblea recientemente un proyecto de ley que busca agilizar una serie de obras públicas de infraestructura que se mantienen paralizadas, tanto del Ministerio de Salud como de la Caja de Seguro Social (CSS).

Adames indicó que el propósito de esta iniciativa de ley es establecer un marco jurídico para que el Estado panameño, por conducto de las instituciones competentes, tenga la capacidad de intervenir sobre obras públicas, cuyo abandono, son una "crueldad" a la sensibilidad humana y a la vista.

El diputado del PRD pone como ejemplo el tema de la Ciudad Hospitalaria, una obra que debió terminarse en el año 2015 y que hoy la empresa se encuentra haciendo reclamos al Estado.

"Allí está la ciudad hospitalaria que es un monumento a los turistas para que vean qué hace un país invirtiendo más de 300 millones de dólares sin tener la conclusión y la capacidad instalada para algo que afecta a los panameños, como es la pandemia", expresó.

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En el Ministerio Público se han presentado denuncias por la paralización de estas obras durante la administración Varela.