Tribunal de Cuentas maneja casos de posibles lesiones patrimoniales por $211 millones
Por estos casos, el tribunal mantiene cautelados 1,138 vehículos, 597 fincas y 409 cuentas bancarias.
El magistrado Del Rosario durante la capacitación brindada en Contrataciones Públicas. Foto: Cortesía TC
Todas las empresas que contraten con el Estado -al igual que los servidores públicos- tienen la obligación de rendir cuentas sobre el manejo de los fondos recibidos para adquisiciones de bienes y/o servicios, en aras de la transparencia y como método eficaz contra la corrupción.
Así lo advirtió el magistrado presidente del Tribunal de Cuentas (TC), Rainier Del Rosario Franco, durante una capacitación al personal de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) denominada “La responsabilidad de los servidores del Estado en el manejo de los bienes públicos y la importancia de la rendición de cuentas como herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción”.
En la jornada académica, el magistrado Del Rosario Franco explicó los conceptos legales sobre el correcto manejo de los bienes del Estado.
Anunció que, actualmente, el TC cuenta con expedientes abiertos a 382 personas jurídicas y a 3 mil 92 funcionarios y exfuncionarios por presuntas lesiones patrimoniales, cuyo monto ascienden a 211 millones de dólares.
“Cuando usted es agente de manejo debe rendir cuentas como un funcionario. Así lo establece la normativa sobre la jurisdicción de cuentas”, detalló el Presidente del TC, quien destacó que en los diferentes procesos la entidad mantiene cautelados 1,138 vehículos, 597 fincas y 409 cuentas bancarias.
Desde que el TC inició sus jornadas de capacitación a manera de prevención, ha capacitado a cerca de 10 mil funcionarios en todo el país sobre el correcto manejo de los fondos públicos.
Se incluye ministros, viceministros, miembros del cuerpo diplomático y directores de instituciones como los ministerios de Obras Públicas, Educación, Gobierno, Seguridad Pública, Economía y Finanzas, Carrera Administrativa, Asamblea Nacional, Ampyme, Registro Público y universidades públicas y privadas, entre otras.
La reforma constitucional promulgada en el 2004 instauró la Jurisdicción de Cuentas, para conocer las causas contra los empleados y los agentes de cuentas, al igual que el Tribunal de Cuentas, que sustituyó a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP).