Capturan a 4 militares por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas
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Capturan a 4 militares por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas
La Policía Nacional Civil confirmó la captura de cuatro militares reclamados por la Audiencia Nacional de España por su presunta participación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989, en tanto, el presidente salvadoreño pidió a los militares aún prófugos que se entreguen a la justicia.
La policía informó en su cuenta oficial de Twitter que como resultado de un operativo y "en cumplimiento de la notificación roja emitida por Interpol" se detuvo al coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno y los también militares Antonio Ramiro Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y Tomás Zárpate Castillo.
El presidente Salvador Sánchez Cerén dijo durante un acto público que "hay personas que se han ocultado, no sabemos si salieron ya del país, pero mi recomendación es que se entreguen a la justicia y que la justicia decida si los extradita o no extradita".
Aclaró que será la Corte Suprema de Justicia "la que tiene que tomar la decisión" de extraditarlos o no.
"Necesitamos que haya verdad con todo lo sucedido en el pasado, pero también necesitamos que haya justicia, pero también tiene que haber perdón", dijo, y se comprometió a trabajar con los salvadoreños para que "el pueblo también tenga espacio para perdonar los hechos cometidos en el pasado".
Con órdenes judiciales de registros y allanamientos, efectivos de la división central de investigación de la policía entraron a las casas de los oficiales en un residencial exclusivo para militares, en el oeste de la capital, San Salvador. También se allanaron las casas del resto de militares requeridos en otras zonas del país.
El abogado Lisandro Quintanilla, que representa los intereses de 13 de los 17 militares requeridos por el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco, confirmó la captura de sus defendidos y las calificó de "arbitrarias".
El abogado Lisandro Quintanilla dijo que en 72 horas los militares detenidos tienen que ser puestos a la orden de un juez que la Corte Suprema de Justicia debe designar y reiteró que "la extradición no procede legalmente".