Las pocas ejecuciones auguran la agonía de la pena de muerte en EE.UU.
Según la encuesta anual de la consultora Gallup, el apoyo a la pena de muerte entre los estadounidenses cayó hasta el 55% en 2017 (60% en 2016), el índice más bajo desde 1972.
La llegada de Trump a la Casa Blanca no supuso una apertura para la importación de componentes para las inyecciones letales. AP
Los 23 presos ejecutados en el 2017 en Estados Unidos confirmaron la agonía de la pena capital en ese país que, sin embargo, se aseguró su futuro próximo con el nombramiento de un juez que consolidó la mayoría conservadora en el Tribunal Supremo.
Las 23 ejecuciones suponen un pequeño repunte respecto a las 20 de 2016, pero son la segunda cifra más baja del último cuarto de siglo. Lejos quedan las 98 de 1999 o las 85 del 2000.
El otro indicador de la salud de la pena capital, las condenas a muerte, también registró con 39 uno de sus mínimos históricos tras las 30 de 2016, que fue la cifra más baja desde que se restituyó este castigo en 1976. En 1996 se dictaron 315.
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca no provocó grandes cambios en la pena de muerte, que depende mayoritariamente de los sistemas estatales de justicia.
La gran aportación de Trump a la pena capital, aunque indirecta, fue el nombramiento del magistrado del Supremo Neil Gorsuch en substitución del fallecido Antonin Scalia, con el que el Alto Tribunal mantuvo su longeva mayoría conservadora.
Muchos veían en la previsible victoria de la demócrata Hillary Clinton el probable nombramiento de un magistrado progresista y con ello la posibilidad real de abolir la pena de muerte en la única democracia occidental en la que sigue vigente.
Según la encuesta anual de la consultora Gallup, el apoyo a la pena de muerte entre los estadounidenses cayó hasta el 55% en 2017 (60% en 2016), el índice más bajo desde 1972.
Estados Unidos y su aplicación de la pena de muerte llamaron la atención del mundo en el 2017, cuando el estado de Arkansas se dispuso a ejecutar a ocho presos en un plazo de 10 días, después de más de una década sin hacerlo porque caducaban sus inyecciones letales.
Finalmente fueron cuatro los presos ejecutados, ya que los otros cuatro lograron suspensiones judiciales y a uno de ellos se le conmutó la pena capital por una cadena perpetua.
La llegada de Trump a la Casa Blanca no supuso una apertura para la importación de componentes para las inyecciones letales, de acceso casi imposible en Estados Unidos por la oposición de las farmacéuticas a que se utilicen en ejecuciones.
Ohio también volvió a ejecutar en el 2017, después de más de tres años con el sistema paralizado por una inyección letal defectuosa que administró a un preso en 2014, un año nefasto en el que Arizona y Oklahoma protagonizaron casos similares que pusieron a la pena de muerte al borde de la desaparición en Estados Unidos.
Precisamente, Ohio encendió en noviembre todas las alarmas, cuando sus verdugos no pudieron encontrar las venas para administrar una inyección letal a un preso, de 69 años, con un delicado estado de salud, por lo que finalmente se pospuso la ejecución.
Un año más fue el sureño estado de Texas el que lideró con 7 las ejecuciones en Estados Unidos.