Ministerio Público impide que Riccardo Francolini acuda a reunión de la SIP
Al resto de los imputados en el caso en que está el empresario y presidente de NEXtv, Riccardo Francolini, se le han otorgado permisos para pasear fuera del país y a él se lo niegan para un evento de libertad de expresión.
Nota de autorización para que Riccardo Francolini pudiera asistir a la reunión de la SIP que fue apelada. Cortesía
A pesar de que el Juzgado Duodécimo del Circuito Penal había autorizado la salida del país de Riccardo Francolini para participar de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la fiscalía apeló y, de paso, impidió que el presidente de NEXtv cumpliera con una invitación recibida.
La cita de carácter hemisférico se realiza desde hoy en Medellín, Colombia, y reúne a líderes de medios de comunicación de las Américas con el fin de evaluar la libertad de prensa país por país.
El director de la SIP, Ricardo Trotti, giró nota a Riccardo Francolini con fecha de 28 de febrero, en la que manifestaba su complacencia en invitarlo a esta reunión.
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Dicha invitación consta en la foja 4 del cuadernillo de solicitud, presentado ante el juzgado por el abogado Carlos Carrillo.
Y en el resuelto con fecha del 10 de abril, el juez Óscar Carrasquilla reconoce el peso de la invitación de la SIP, "que justifica el motivo de la solicitud", señaló.
Paso seguido, el juez ordenó levantar el impedimento de salida del país en contra de Riccardo Francolini.
No obstante, la apelación de la fiscalía terminó impidiendo el viaje para participar del foro que evalúa la libertad de prensa.
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"Riccardo Francolini, por ser amigo del expresidente Ricardo Martinelli, es merecedor de todo el rencor y odio que caracteriza la administración Varela", reaccionó Luis Eduardo Camacho, vocero del exmandatario.
Agregó que Francolini, junto a otros nombres vinculados a medios en Panamá, "son sujetos a coacciones para que bajen su rol fiscalizador".
La SIP mostró su preocupación cuando Francolini fue detenido sin citación previa en octubre de 2016 y consideró este hecho como una limitación a la libertad de expresión e información.