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Ministerio Público pide a la Policía esclarecer denuncia

El Ministerio Público inició las investigaciones ante la denuncia presentada por el supuesto arresto ilegal en contra del sargento de la Policía Nacional Ismael Pitty.

Antonio Pérez M. (aperez@epasa.com) - Actualizado:

Ministerio Público pide a la Policía esclarecer denuncia

Se habla de una casa que es utilizada como un centro de tortura y pertenece a uno de los estamentos de seguridad, que después del 1 de julio han llevado a varios y esto me recuerda la época oscura de los militares. Alejandro Pérez - Abogado y exviceministro de GobiernoUna casa para cometer torturas, asegura abogado Alejandro PérezLa denuncia presentada por el abogado Alejandro Pérez, por la supuesta detención ilegal de un sargento de la Policía, se sustenta sobre informes relacionados a la existencia de una casa para cometer torturas. La información que maneja Pérez y que fue el motivo de la denuncia que interpuso ante el Ministerio Público, destaca que esta casa pertenece al Servicio de Protección Institucional (SPI), la cual se encuentra ubicada en Amador. Aseguró Pérez que esta casa es operada por funcionarios de confianza del Consejo de Seguridad, quienes son los que ejecutan las acciones contra oficiales que trabajaron estrechamente con funcionarios del gobierno anterior. Los informes que manejan quienes denunciaron este hecho destacan que entre las torturas sicológicas de las que han sido objeto las unidades, es que si no respaldan las falsas acusaciones se les podría dar de baja y afectar sus jubilaciones.

El Ministerio Público inició las investigaciones ante la denuncia presentada por el supuesto arresto ilegal en contra del sargento de la Policía Nacional Ismael Pitty.

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En menos de 24 horas de haberse interpuesto la denuncia, el despacho de la procuradora general de la nación, Ana Belfon, giró un oficio al director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, para conocer sobre el paradero del sargento, señalado en la denuncia como la persona que hace días fue aparentemente detenida por funcionarios del Consejo de Seguridad.

El director de la Policía Nacional confirmó la llegada de dicha nota a su despacho y adelantó que el oficio ya ha sido contestado y remitido a la procuradora Belfon.

Pinzón negó que la unidad de la Policía Nacional se encuentre detenida, argumentando que se procedió a verificar la información y se confirmó que el sargento Pitty se encuentra en su puesto de trabajo.

“El hombre está trabajando”, dijo Pinzón al asegurar que sostuvo una conversación con el sargento Pitty, quien le dijo que se encontraba bien de salud y le agradecía por preocuparse por él.

Por esta razón, el jefe de la Policía le giró instrucción al sargento Pitty para que elaborara un informe y se presente ante el despacho de la procuradora a declarar su versión de los hechos.

“Hemos decidido que sea él quien haga las aclaraciones de lo que está sucediendo”, dijo Pinzón, al tiempo que se mostró sorprendido por estas denuncias.

El mismo destacó que ayer la unidad se iba a presentar ante el Ministerio Público (MP), sin embargo, se contactó con la oficina de prensa de esta entidad judicial y se le informó que al despacho de la procuradora no se había presentado el sargento de la Policía mencionado en la denuncia.

El sargento Pitty en estos momentos se encuentra trabajando para la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y, aseguró el jefe de la Policía, por el trabajo delicado que se realiza puede ser que se haya malinterpretado que se encuentra secuestrado.

“Quizá esté como yo, que trabajo entre 15 y 18 horas diarias”, dijo el director de la Policía, al ponderar el trabajo esforzado que realizan las unidades de la Policía Nacional.

Rechazo

Pinzón fue enfático al expresar que este tipo de detenciones, contrarias a los derechos humanos, no son permitidas en la Policía Nacional, por consiguiente las demeritó.

“La Policía no va a permitir este tipo de actos, nosotros somo garantes de la ley y del orden, por eso no somos partícipes de esta situación”, destacó Pinzón.

La denuncia fue interpuesta por el abogado Alejandro Pérez, quien denunció la existencia de una casa en el área de Amador que pudiera ser utilizada como un centro de torturas para obligar a funcionarios de estamentos de seguridad a respaldar las denuncias falsas en contra de funcionarios del anterior gobierno.

Pérez presentó en la tarde del pasado jueves la denuncia por la presunta comisión de los delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y asociación ilícita para delinquir contra quienes resulten responsables.

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