"Telarañas", un problema social

LAS CONEXIONES eléctricas ilegales o "telarañas" se han convertido en un problema social que cada vez va en aumento.

Así lo consideran tanto Unión Fenosa y Elektra Noreste, las dos compañías encargadas de distribuir energía eléctrica en Panamá, quienes coinciden en que la situación se les escapa de las manos.

Sucede que en los barrios populares, los edificios multifamiliares y principalmente en las comunidades precaristas o invasores de terrenos las personas hacen caso omiso a los peligros que representa conectarse al servicio de manera ilegal, pese a que se han registrado varias muertes.

Muchas veces las personas ignoran el hecho de que los apagones pueden ir más allá de lo que ellos consideran como un mal servicio de energía ofrecido.

Yinnis Solís de Amaya, gerente comercial de distribución de Unión Fenosa en el área de Panamá, manifiesta que precisamente está es una de las afectaciones que provocan las conexiones brujas al sistema.

Solís de Amaya indicó que estar conectado ilegalmente se ha convertido además en una trampa de muerte para quienes incurren en esa mala práctica, porque no utilizan las medidas de seguridad adecuadas y el voltaje podría traer una sobrecarga.

"Nuestros expertos utilizan guantes, equipos especiales y lentes para poder manejar el sistema, mientras que una persona que hace una conexión bruja lo más probable es que lo haga hasta descalza" enfatizó.

La gerente comercial de distribución de Unión Fenosa explica que otros de los perjuicios que provoca al sistema de distribución las conexiones ilegales o telarañas es afectar la calidad del suministro de todo el área, así como como hacen interrupciones, fluctuaciones de energía.

Esto representa pérdidas para las compañías de distribución de energía eléctrica, las cuales se traducen en unos B/.

30 millones de kilo watts hora.

En el área capital, los lugares en donde más se encuentran "telarañas" son las comunidades precaristas ubicadas en el corregimiento de Alcalde Díaz-Las Cumbres, como Tierra Prometida, El Progreso y Villa María, en donde las personas, por ser invasores de terrenos, es imposible conectarlos al sistema.

Estos lugares específicos les toca a la empresa Elektra Noreste dárle el suministro, sin embargo, ellos no se pueden comprometer a conectarlos al sistema porque podrían ser demandados por los verdaderos dueños de las tierras.

Mientras tanto, para la empresa Unión Fenosa el problema principal de ellos se refleja en el área de Panamá Oeste, por los precaristas.

La gerente comercial de distribución de Unión Fenosa lamente que no exista ninguna ley o acuerdo estricto que impida o haga que las personas tengan temor de conectarse ilegalmente.

En los casos puntuales de robo y fraude de energía, las empresas de distribución han comenzado a llevar los casos a los Tribunales de Justicia, aunque el Código Judicial panameño no establece sanción penal para el hurto de energía, pero sí para el robo como tal.

En las propuestas hechas por la Comisión Codificadora en el proyecto de reformas al Código Penal se estipula la figura del robo de energía, señal de cable, agua o telefonía, la cual sería penada con cárcel de 2 a 4 años y de 4 a 6 años para el que transmita o retransmita.

Lorena Fábrega, de la empresa Elektra Noreste, señala que los corregimientos en donde más se detectan casos de conexiones ilegales son Belisario Porras, Belisario Frías, Alcalde Díaz, Arnulfo Arias, Juan Díaz, Tocumen, y Chilibre, en donde se interviene con ayuda de la Policía Nacional.

Fábrega indicó que Elektra ha logrado reducir el hurto de energía notablemente, pero todavía representa una pérdida económica para la empresa de unos B/.

10 millones anuales, aproximadamente.

A través de un acercamiento con el usuario y con el apoyo de los municipios y las corregidurías, del 2000 al 2006 Elektra a legalizado a más de 78 mil clientes.

Según José Antonio Brenes, gerente de servicios jurídicos de Unión Fenosa, el fraude para la legislación panameña es considerado como el delito del hurto.

A partir de ese criterio, la empresa está llamando a todos los clientes que se han detectado robando luz se les está citando para que respondan penalmente.

El ministerio Público, en base a las pruebas que la empresa presenta, y el perjuicio económico que están haciendo a las partes involucradas, haga las evaluacions pertinentes para que los procese.

Brenes indicó que a las personas se les explica que en el Código Penal no se hablan de las conductas específicas, pero sí está establecido que el que robo de bienes ajenos es castigado por la ley.

"El hecho de que tu cometas un robo de electricidad, de por sí está enmarcado en la conducta general del hurto", expresó el asesor jurídico.