Ministros y el jefe de Policía de Ecuador explican la reforma del cuerpo donde se dio la sublevación

Los ministros ecuatorianos de Interior, Alfredo Vera, y de Seguridad, Homero Arellano, y el Comandante de la Policía, Patricio Franco, acudieron hoy a la sede del regimiento de Quito, el foco del alzamiento del 30 de septiembre, para explicar la reestructuración de ese cuerpo.

Los representantes del Gobierno hicieron un llamamiento a la calma entre los agentes, al tiempo que explicaron el alcance del decreto firmado el pasado lunes por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que somete a la Policía al mando del Ministerio del Interior.

Vera ha indicado que esa medida acaba con la "pseudo-soberanía" del cuerpo.

Franco, por su parte, dijo que con la reforma el Ministerio del Interior asumirá "la personalidad jurídica de la Policía" y la labor de los uniformados será "exclusivamente de dar atención a la seguridad ciudadana".

El comandante aseguró a los más de cien agentes reunidos que a pesar del cambio, el Gobierno les ha prometido "el respeto absoluto" de los derechos adquiridos por los uniformados, como el Instituto de Seguridad Policial, las pensiones o la cooperativa de la Policía Nacional.

El 30 de septiembre los policías amotinados por un proyecto de ley que afectaba su remuneración tomaron la sede del regimiento de Quito y retuvieron al presidente casi todo el día en un hospital contiguo, de donde fue rescatado en un tiroteo en el que murieron cinco personas.

Según Correa, los agentes sublevados no entendieron bien la reforma salarial y fueron manipulados por políticos de la oposición para perpetrar un intento de golpe de Estado.

Por eso, hoy Franco pidió a los uniformados que "cuando existan dudas, acudan a sus comandantes" o "a los ministerios" y les recordó que su deber es proteger la Constitución y al pueblo ecuatoriano.

El decreto da poder a Vera para reformar la estructura administrativa y operativa del cuerpo durante un plazo de 90 días.

Todos los bienes de la Policía Nacional y sus créditos pasarán a manos del Ministerio de Interior, que además gestionará su presupuesto, así como los sueldos, sobresueldos, condecoraciones de los agentes y se encargará de su representación legal y extrajudicial de este cuerpo.