Necesaria conceptualización del Estado de Derecho: desarrollo social y dignidad humana

Mucho se ha teorizado, en el plano nacional e internacional, sobre el Estado de Derecho.  Casi ya hasta el cansancio, durante muchos años, en no pocas producciones propias de artículos para este medio, he precisado, producto de mis muy infatigables lecturas sobre la materia, algunos puntos que creo, ahora, resultan oportunos repetir. 

En ese sentido, preguntarse qué es el Estado de Derecho?,  conlleva a sostener que no se trata de una nueva forma del estado ni de cualquier Estado.

Sigue siendo el Estado, abandonando sus caracteres del pasado absolutismo, para enmarcarse en el régimen jurídico que resulta de una perfecta simbiosis tanto del Derecho Natural, los derechos humanos positivados y el propio derecho Positivo como tal, siendo éste el derecho de una nación o país cuyas normas son vigentes y eficaces al decir de Eduardo García Máynez.

Pensar o considerar que el Estado de Derecho es el puro normativismo,  al mejor estilo de Kelsen, con todo respeto, me parece un absurdo.  Fue el propio Carlos Cossío, maestro argentino autor de la Teoría  Egológica del Derecho-  quien puso de manifiesta la idea de que el Estado de Derecho entendido por Kelsen abandona toda consideración humana –tramo de la conducta humana- en la elaboración del silogismo jurídico.

No puede ser cierto, jamás, que el Estado de Derecho pueda ser visto como pura y simple norma jurídica, que mantiene en la ley escrita su única  expresión y que encuentra en la norma del derecho penal sustantivo –la que prescribe los delitos- la mejor expresión silogística. Norma jurídica divorciada del hombre, de su dignidad humana, no es norma. El derecho debe servir a la sociedad, al hombre,  no el hombre al derecho.

El Estado de derecho se remonta, asciende, no desciende, a consideraciones supra legales. Prueba de ello es la creciente importancia que han adquirido las teorizaciones sobre el bloque de la constitucionalidad y que ha incorporado en su esquema importantes normas convencionales propias o relativas de los derechos humanos y, por otra parte, la primacía que sobre el derecho interno tienen las normas de este tipo de convenciones.

La connotación que, en la actualidad, ostentan tales normas, la importancia magna que tienen y su plena vigencia, sobre todo en los ámbitos del derecho constitucional, procesal penal y penal, acreditan que son vitales para la unidad, coherencia y sistematización del derecho de los estados.

Para algunos teóricos, por ejemplo, para Santiago Mir Puig, en España, este estado de derecho gira o tiene punto de apoyo en la Constitución, en la democracia y en otras consideraciones sociales; sin embargo, somos del criterio o de la opinión que tampoco podemos, pretextando brindar definiciones o teorizar sobre el objeto de este artículo, caer en divagaciones improcedentes que terminarían dando a traste con la necesaria construcción del Estado de Derecho. De ser así, diríamos que el estado de derecho lo es todo y, al final de cuentas, no estaríamos diciendo nada, nada aportaríamos a la discusión o debate. 

El Estado de derecho no se concibe como un estado alejado o divorciado de la dignidad del hombre.  Su centro de operaciones, sus instituciones y entidades, enmarcan sus funciones dentro del concepto de la dignidad humana.   Esta proyección antropocéntrica, el hombre como centro del Estado, permite determinar, de modo tajante, todo divorcio del Estado absolutista, propio del ancien regime.

En el estado de derecho, por ello y como consecuencia de lo anterior, no se concibe el ejercicio del poder político ni la existencia de las instituciones ni de la autoridad sino en posición de “firme” para blandir la ley en defensa de esa dignidad humana, de los derechos humanos que la integran y poner a su servicio todo mecanismo de defensa y protección de esa dignidad. 

Concluimos,  diciendo que un legítimo Estado de derecho ostenta los siguientes elementos: a. Es un Estado, en la mejor definición político y social; 2. Opera con las leyes, con el derecho, éste es su calificativo determinativo y descriptivo; 3. Tanto ese  estado como el Derecho que instrumenta, autolegisla, tiene como foco o centro al ser humano, su dignidad, su comprensión meta estatal; 4. Toda la  institucionalidad del Estado, sus instrumentos y herramientas, tienen como principio de partida y como fin de llegada una concepción humanística, omnicomprensiva, de la dignidad humana, esto es, el hombre y su estima como eje central para que todo opere.

Por ello, hoy día, entender el Estado de Derecho montado sobre pobreza y marginalidad de la población, no acceso de los particulares a los espacios de poder político, no acceso al progreso, a la cultura y a la educación, a un modo de vida digno, acceso a los servicios de salud, derecho al trabajo sin asistencialismo político, etc., son lecturas necesarios e indefectibles por las que transita y debe responder el actual Estado de Derecho. Sin desarrollo social, progreso en la población, comodidad ciudadana, paz y estabilidad social, entre tantas otras cosas, no es posible instrumentar una lectura correcta y apropiada del Estado de Derecho.

De allí que sus pilares, en lo medular, sean: Restricciones a los poderes del Gobierno, ausencia de corrupción, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, Orden y seguridad, Aplicación reglamentaria, Justicia civil y Justicia penal. Para que el Estado de Derecho funcione, al menos,  debe connotarse por  contar estas caracterizaciones: 1.  Primacía de la Ley; 2. Sistema jurídico de normas; 3. Legalidad en los actos de administración; 4. Separación de Poderes; Protección,  5. Garantía de los Derechos Humanos  y 6. Examen de la constitucionalidad de las leyes.”

Referir la existencia del autentico Estado de Derecho conlleva  a que conceptualicemos, prima facie, que se trata de sistema en el que  todas las personas e instituciones están sujetas a leyes justas, predecibles y aplicadas a todos por igual. No lo defino como otros identificándolo como un principio jurídico y político que garantiza que ninguna persona o institución está por encima de la ley, al contrario, es orientador y fundamento basal de todo el ordenamiento jurídico de un Estado. 

Por ello es que se exige que las normas jurídicas se apliquen  a gobernantes y ciudadanos sobre el principio de la más estricta igualdad; que las leyes sea claras, públicas y justas, no arbitrarias; que existan mecanismos para proteger los derechos fundamentales y que los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) actúen  con límites, evitando incurrir en abusos.  Sin estado de derecho, reinaría la anarquía, la autocracia,  el desorden, la institucionalidad se pisotea, y campean la corrupción y la impunidad.

El Estado de Derecho debe propender a la efectiva tutela y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en las esferas de la libertad, la igualdad y la propiedad; debe promoverse la seguridad jurídica permitiendo que todas las personas, sin distinción alguna, puedan concurrir a planificar el futuro de ellos sin miedo  a cambios arbitrarios.  Por ello es indispensable que  se excluya toda concentración de poder en una sola persona o grupo y debe fomentarse  la inversión y el desarrollo económico sobre la base de leyes y reglas estables. Por ello, el Estado  de Derecho es el primero o debería serlo, en combatir la corrupción, la chicana, la coima y el soborno.  La rendición de cuentas debe ser principio y fin de la transparencia gubernamental.  De modo constante y permanente.

Por ultimo, aquellos países que ostentan un Estado de Derecho regio, fuerte, sólido, son países  más prósperos y justos, de mayor bienestar social y progreso de las personas.

¡Dios bendiga a la Patria!.