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Sobre el pago de minera (primera parte)

En 2023, la empresa pagó un total de 754 millones de dólares al Estado panameño, demostrando su cumplimiento con las obligaciones y responsabilidades.

Pedro M. Meilán N. | Magíster | - Publicado:

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, ha tenido una iniciativa que, a todas luces, es positiva para el país y los ciudadanos, porque denota la transparencia con la que se debe manejar el Ejecutivo. El acto de programar conferencias los jueves, en donde pueden participar todos los periodistas, sin negarle la entrada o invitación a ninguno, es de aplaudir. La forma tan sensata, franca y directa en las respuestas que absuelve manda un mensaje de fe y esperanza.

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Lógicamente, esta apertura nos tiene a los ciudadanos pendientes de los temas de interés que puedan afectar al país y de la visión que tiene el presidente de cómo atacarlos o resolverlos. Es así como llegamos al tema de hoy sobre los dineros de aporte que dio First Quantum Minerals (FQM) al Estado, en este caso específico, al Gobierno anterior. La empresa desembolsó 567 millones de dólares en concepto de regalías e impuestos, uno de los mayores pagos de impuestos y regalías en la historia del sector minero global del cobre y el pago fiscal más grande realizado en Panamá. 

En 2023, la empresa pagó un total de 754 millones de dólares al Estado panameño, demostrando su cumplimiento con las obligaciones y responsabilidades. Aún resulta incomprensible cómo existen algunas voces que, en forma irresponsable, siguen manifestando que la empresa nunca pagó o no pagaba casi nada.

En su conferencia del jueves pasado, el presidente informó a los ciudadanos que el Gobierno saliente había dispuesto de esos fondos sin conocer todavía su destino. Lo cierto es que, lo más probable es que se hizo de una forma distinta a lo que había dispuesto el Presidente Cortizo, quien manifestó que lo distribuiría en un 50% al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), un 20% para aumentar 350 dólares mensuales a más de 120 mil jubilados, un 25% para los distritos de Donoso, Omar Torrijos Herrera y La Pintada, y el 5% para la formación de educadores. La idea era que los fondos pagados por la empresa permanecieran en una cuenta restringida en el Banco Nacional, para de esa manera impedir su utilización hasta una respuesta de la Corte Suprema de Justicia.

Todos conocemos el resultado del fallo sobre la demanda de inconstitucionalidad, que, en forma expedita, se dio a conocer el 28 de noviembre de 2023. Ante ese escenario, en forma arbitraria, el presidente Cortizo decide en el Consejo de Gabinete del 29 de noviembre de 2023 iniciar un plan de cierre. El mencionado fallo, por ningún lado, expuso el cierre de la mina; lo que reconoció fue la existencia de cláusulas inconstitucionales en el contrato, lo que nos deja clara la posibilidad de renegociación para redactar un nuevo contrato que sea avalado y se apegue a nuestro máximo ordenamiento jurídico.

Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es cómo se utilizó ese dinero que estaba dispuesto para asignaciones específicas. Lo más probable es que se usó para tratar de tapar el hueco fiscal, que es de miles de millones, cuando fueron descongelados e incorporados a las arcas del Estado. Tenemos que buscar a todos los responsables de este hecho, que a todas luces no es acorde a derecho.

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